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El nuevo curso empieza con
novedades relacionadas con la Ley Orgánica de Educación
(LOE), que continuará su proceso de implantación. Un proceso
que deberá sortear los obstáculos derivados de la recesión
económica, según han puesto de relieve los consejeros de las
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de
Educación, debido a que la aplicación de las medidas
legales, requieren numerosos recursos humanos y materiales
para garantizar su éxito.
De acuerdo con el Calendario de la LOE, comenzarán a
aplicarse las nuevas enseñanzas de Tercero y Cuarto de
Primaria, de Segundo y Cuarto de la Secundaria Obligatoria y
de Primero de Bachillerato.
Esta circunstancia obliga a todas las autonomías a impartir
Educación para la Ciudadanía, que debe formar parte del
programa de uno de los tres primeros cursos de este nivel,
así como Educación ético-cívica, la versión de la
controvertida asignatura en Cuarto de la ESO.
Por otra parte, entrará a formar parte del currículo de
Bachillerato la nueva disciplina “Ciencias para el mundo
Contemporáneo”, criticada también por los sectores que la
creen innecesaria, e incluso ven en ella un riesgo de
adoctrinamiento.
Sin embargo, el mayor problema del nuevo Bachillerato
reside, según el análisis realizado por directores y
profesores, en la posibilidad que ofrece a los alumnos de
Primero de no repetir curso completo si tienen cuatro
materias suspensas. El Bachillerato LOE les permiten, si así
lo desean, repetir sólo las pendientes y hacerlas
compatibles con dos o tres de Segundo. Hasta ahora, los
estudiantes, con tres o más suspensos, debían repetir curso
completo.
Las críticas al modelo se centran en que los colegios no
disponen de los recursos necesarios para atender debidamente
a los repetidores. Tampoco faltan quienes ven en la
iniciativa un afán de encubrir el fracaso, o los que
consideran que la medida encubre un Bachillerato de tres
años.
Otro precepto legal es el que introduce las evaluaciones de
diagnóstico sobre competencias básicas-Matemáticas,
Lingüísticas, Científicas y Sociales- de los alumnos de
Cuarto de Primaria (9-10 años), y de Segundo de Secundaria
Obligatoria (13-14 años).
Las pruebas se celebrarán en la primavera de 2009 entre una
muestra de alumnos elegidos al azar. El modelo se asemeja al
programa Pisa, y su objetivo es comprobar si los alumnos
alcanzan las competencias y destrezas fijadas por la LOE,
siguiendo recomendaciones de la UE. Es decir, que las
pruebas no evaluarán conocimientos concretos, sino
habilidades y aptitudes.
Junto a los problemas señalados, no nos podemos olvidar de
la EpC. Algunas comunidades, en particular las gobernadas
por el PP, presenten serias dificultades sobre los objetores
de conciencia, donde a estas alturas, no hay acuerdos
unificadores y cada una presenta alternativas distintas. La
Ministra, firme sobre aquellos alumnos que ejerzan la
objeción, reitera una vez más que “no asistir a la clase de
EpC, tiene los mismos efectos que no cursar Matemáticas”.
Lo mismo que el curso pasado, la EpC se mantiene como la
materia más controvertida del programa, justo cuando debe
extenderse su enseñanza –como hemos indicado anteriormente-
a todos los cursos de la ESO que prevé la ley. Se enseñará
en 2º o 3º de este nivel con la denominación de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y en 4º como
Educación Ético-Cívica. En ambos casos, la materia tiene
carácter obligatorio.
En algunas Comunidades, por ejemplo, Madrid, se apoya en las
sentencias de los tribunales autonómicos, a la espera de la
decisión del Supremo. Se tiene previsto que para los alumnos
que se acojan a la objeción de conciencia, para no cursar la
asignatura, realizarán tareas de voluntariado en el centro
escolar o trabajos relacionados con lo establecido en el
currículo escolar, en la región, respecto a la Constitución
Española o los Derechos Humanos.
Como quiera que las diferentes sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia autonómicas son favorables a los
objetores, sirven de apoyo al Ejecutivo madrileño, puesto
que “esos tribunales han dicho que la asignatura lesiona
derechos fundamentales de la familia”.
En el caso de La Rioja, a la vista de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, la Consejería de Educación
admitirá las objeciones y “eximirá a los alumnos de asistir
a las clases y de ser evaluados en dichas materias, sin
perjuicio del pronunciamiento definitivo del Tribunal
correspondiente sobre la cuestión”. Además, “de acuerdo a
esta decisión, los padres contrarios a esta asignatura
deberán presentar en la Consejería de Educación una nueva
solicitud de objeción de conciencia. En esta petición
formal, los padres asumirán las posibles consecuencias que
pudieran derivarse de sentencias desfavorables”.
En el caso de la Comunidad Valenciana, desde un principio lo
tuvieron muy claro: los padres no presentaron objeciones
algunas, ya que la Consejería de Educación estimó la
conveniencia de darla en Inglés.
Como quiera que el PP no está de acuerdo con la EpC,
rechazándola totalmente, está previsto que se lleve a cabo
una reunión con los Consejeros de sus distintas Comunidades,
con objeto de unificar criterios para imponer una materia o
actividades que reemplacen a la EpC.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
