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Siempre existen motivos suficientes para atentar contra la
ley, de alguna u otra forma e incluso a cualquier edad.
Hasta los más jóvenes, por conseguir un dinero extra,
incurren en delitos, en la mayoría de los casos, contra la
seguridad vial, salud pública o robos de motocicletas.
Aunque a la hora del juicio, todo callan y asientan la
cabeza. Tal y como explicó, en la mañana de ayer, José Luis
Puerta, Fiscal de Menores de Ceuta, “con los jóvenes no se
puede acudir al ámbito penal debido a la protección de
menores. No se dictan sentencias ni penas, sino medidas
porque nuestro objetivo es la reeducación”. Desde los
catorce hasta los dieciocho años, los acusado por algún
delito van directos al Juzgado de Menores, tal y como
expresa la normativa actual. “Antes concretábamos desde los
16 a los 18, pero estamos detectando que cada vez delinquen
más jóvenes”, añadió. En cuanto a un perfil sociológico,
“son personas que no estudian, que no van al colegio, no
tienen actividad laboral y necesitan dinero fácil. Y no
existen diferencias de clases sociales, sexos, edades o
religión. Hay de todo”, sintetizó el fiscal. “Hemos tenido
casos de familias que venden droga en el domicilio, en el
hogar, y utilizaban a los menores para el transporte de los
estupefacientes de un lado a otro”, contó.
Desde el punto de vista jurídico, según la legislación,
estos menores que incurren en un delito son sometidos a un
proceso de reeducación, con lo cual no se dictan sentencias,
sino que se toman medidas correctoras para que el
delincuente no cometa de nuevo infracciones. ¿Y cómo?
“Existen medidas que van desde el internamiento a
prestaciones a favor de la comunidad. Tenemos centro
cerrado, del cual el menor no puede salir, centro
semiabierto, que alterna salidas, o abierto. O bien medidas
con libertad vigilada o internamiento de fines de semana”,
informó Puerta. Los juicios de este campo suelen ser muy
rápidos, ya que por ejemplo, si un menor ha atentado contra
la seguridad vial, es decir, conducir sin carnet, suele
ocurrir que le obligue a asistir a un curso de seguridad
vial. “No se pretende castigar sino reeducar claro que
existen excepciones. Tuvimos un caso de un homicidio, hace
un par de años, con un menor de El Príncipe. Un particular
le llamó la atención porque estaba destrozando inmuebles y
lo mató con un pistoletazo. Evidentemente el menor fue a un
centro cerrado”, concluyó.
Otro de los aspectos interesantes y desconocidos para muchos
es el cumplimiento de estas medidas, de la que no se
responsabilizan en el Juzgado de Menores. “La ejecucicón de
las medidas corresponde a la Ciudad, a sus educadores,
centros de reforma. Ellos se encargan del cumplimiento en la
medida de libertad vigilada, de buscar tareas, cursos y
talleres para la reeducación, además de velar porque el
menor no se escape”, explicó el fiscal.
Es cierto que la ley, en el caso de los menores, da mucha
libertad y con partes generales. “Los delitos más graves
conllevan el internamiento pero luego se establecen una
serie de criterios sobre los años de reclusión. En los casos
de asesinatos y homicidios en edades comprendidas entre los
16 y 18, se establecen 8 años de internamiento, que no se
puede transformar en pena de prisión”, finalizó.
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