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El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) ha publicado una lista de 81 objetores de
EpC, con la particularidad de que, junto a los nombres de
los padres, han puesto los de sus hijos. Este hecho ha
servido para que los padres decidan llevar el caso a la
Fiscalía de Menores, donde la fiscal lo estudiará. De
momento, se pronuncia al considerar la publicación desde el
punto de vista de una “falta de delicadeza”.
El llevar al BOJA los nombres de padres e hijos, por parte
de la Consejería de Educación, tenía como finalidad la
notificación de la resolución en contra de la objeción a EpC.
También la señora fiscal opina que “parece más lógico que se
hubiera publicado las iniciales”, haciendo hincapié en que
podrían haber utilizado la fórmula de poner los nombres de
los progenitores y las iniciales de los menores, fórmula que
emplean normalmente todos los órganos públicos cuando se
trata de temas que afectan a menores, considerando que lo
publicado así puede afectar a la intimidad de los mismos.
De hecho, la propia Fiscalía de Sevilla, tiene una
instrucción del Fiscal General del Estado que resulta que
“debe prevalecer el derecho al honor, intimidad y propia
imagen del menor, y que recuerda que en sentencias, edictos
o resoluciones, debe omitirse datos como nombres, apellidos
y domicilio de los menores o cualquier otro dato que permita
su identificación”.
La Asociación Pro-derechos del Niño y de la Niña, PRODENI,
considera que con la publicación en el Boja, la Junta de
Andalucía está vulnerando su propia Ley de Protección del
Menor, llamando la atención que “por un lado la Junta va
contra la publicidad y la información que afecta a menores
y, por otro, vulnera la propia Ley”. Siguen afirmando que no
es que les hayan dado un premio a esos niños, sino que los
han puesto para decir que son los hijos de los padres que
han objetado; los están señalando y eso no está bien”.
La Junta insiste en que publicó los nombres de los niños
porque no había podido notificarles la resolución. El propio
defensor del Pueblo Andaluz, abrió una queja de oficio y
pidió a la Consejería de Educación explicaciones sobre el
tema. Y, mientras, los padres muestran su indignación por la
citada publicación, estudian cuál será su respuesta.
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que tiene la
competencia sobre menores, se pronunció sobre la publicación
en el BOJA de los nombres de 81 objetores de EpC, todos
menores. Se aseguró que la Consejería “no ha visto bien” la
publicación de esos nombres porque la Ley de Protección de
Derechos del Menor, “está para todos” y porque en todos los
casos de menores “hay que mantener la protección de su
intimidad”.
Pero, qué manda la LEY: a) Los menores tienen derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen b) La difusión de información, o la utilización de
imágenes o nombres de los menores, en los medios de
comunicación, que pueda implicar una intromisión ilegítima
en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a
sus intereses, determinará la intervención del Ministerio
Fiscal… c) El menor tiene derecho a la libertad de
ideología, conciencia y religión d) Los padres o tutores
tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor
ejerza esta libertad.
Ni el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya abierto una
investigación, ni la queja iniciada por el Defensor del
Pueblo Andaluz, ni tampoco la reprimenda de la Consejería de
Igualdad, hacen cambiar de idea a la Consejera de Educación,
en su actitud con los alumnos objetores de la asignatura EpC.
La Consejera negó que haya vulnerado derechos de los menores
al publicar los nombres de 81 objetores en el BOJA. Se
defendió tildando de “acto exclusivamente administrativo” la
referida publicación, que a su juicio, se ajusta al artículo
39.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, alegando que no se publicó una relación de
objetores, sino una relación de expedientes que eran
necesarios tras varios intentos fallidos de notificación
(¿?).
El caso ha llegado al Parlamento Andaluz, por lo tanto, se
ha “politizado”. Por parte de uno de los partidos de la
oposición se exigió a la Consejera que pidiera disculpas a
las familias de los niños, argumentando que “si algún padre
se ha sentido molesto, no tengo problemas en expresarle mis
disculpas públicamente”, pero, recalcando, que no había
vulnerado ningún derecho y atacando a la oposición
considerando que se “había hecho una lectura partidista y
malintencionada, en lugar de preservar a los menores”.
Las explicaciones no convencieron ni a la oposición ni a los
padres. Éstos, siguen recordándole que la “publicación
afecta a la intimidad de los objetores y conculcan
gravemente a los derechos de los menores, considerando que
la estrategia de la Consejera de Educación es “estigmatizar
y amedrentar” a los que no están de acuerdo con la nueva
asignatura y “señalarlos con el dedo”.
Al parecer, el “culebrón” no ha hecho nada más que empezar.
Para los padres, pedir disculpas a las familias, no es
suficiente. Piensan que la Junta ha incumplido, con la
publicación de los nombres de los menores, con la Carta
Europea de Derechos del Niño, la constitución Española y la
Ley de Derechos de Atención al Menor. No están satisfechos
con las explicaciones dadas, por la Consejera. El
representante de los padres objetores, después de lo
debatido, esperaba que la titular de Educación presentara la
dimisión, que no se va a producir; por lo tanto, el caso, no
resuelto, se prolongará…
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OPINIÓN / EL MAESTRO
