OPINIÓN - MARTES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2008

Poner límites

En su aparente afán por justificar lo injustificable, que la Unión Demócrata Ceutí (UDCE) dejase caer a los medios de comunicación y a través de un comunicado de prensa oficial, no de cualquier manera, que algún miembro de la Dirección Autonómica del Partido Popular de Ceuta quería pagar un cocktail celebrado en el Hotel Tryp con motivo de su Congreso Regional con dinero público, el primer grupo de la oposición insistió ayer en su disputa dialéctica con los Populares insistiendo en que nadie les va a callar. En realidad, nadie quiere o ha dicho pretender hacerlo. Hasta ahora lo único que el PP ha reclamado del máximo responsable de UDCE-IU, Mohamed Ali, es un declaración ante notario sobre lo que Pedro Gordillo ha considerado, con razón, que puede entenderse como una sospecha injuriosa y calumniante. Ningún representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma o del partido que dirige su vicepresidente han instado a Ali a callarse, a no volver a abrir la boca o a no volver a denunciar hechos que considere que merecen tal respuesta desde su punto de vista político. Pero UDCE se ha tomado a la tremenda la respuesta jurídica, medida y razonable, del PP, y ayer replicó con una nota en la que enumeraba todas las “lindezas”, según las calificó, que durante los últimos años han dirigido algunos líderes del PP a su presidente. Entre otras, las de casi yihadista, batasuno y factor de confrontación en la ciudad. UDCE asegura que ninguna de ellas terminó con una rabieta pública ni con una amenaza de querella de sus máximos responsables. Es posible que debiera haberlo hecho, porque no son aceptables semejantes calificativos lanzados sin prueba alguna de lo que denotan. Como también es injustificable que Ali dijese hace un tiempo que alguien había “metido la mano en la caja” (la primera vez que se le denunció) o ahora lo que ha insinuado sobre el Tryp. Callarse no contribuye a erradicar el gallinero chabacano en el que a veces se convierte el debate político local y nadie mejor que la Justicia para, en caso extremo, delimitar qué excede y qué no la libertad de expresión.