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La profesora y subdirectora del Máster de Ciencias Forenses
de la Universidad Autónoma de Madrid, Andrea Giménez-Salinas,
afirmó ayer, en la conferencia de la tercera jornada del VI
Congreso Nacional de Ceuta sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia, que “entre 1990 y 2000 se
ha generado en España un mercado de explotación sexual y
laboral con grandes márgenes de beneficios, al cual se ha
tardado en responder”, si bien la especialista cree que “se
ha empezado a reaccionar”. Así, se felicitó por el anuncio
del Gobierno de un Plan Nacional de Lucha contra la Trata
con Fines de Explotación Sexual.
La especialista en delincuencia organizada y trata de seres
humanos puso sobre la mesa cómo ha cambiado a peor el
mercado de explotación sexual en España desde 1990. Así, en
un principio los proxenetas eran en su mayor parte de la
etnia gitana y luego pasaron a ser los dueños de los clubes,
siendo las víctimas nacionales, según explicó; pero desde la
década de los 90 se ha constatado la entrada de grandes o
pequeñas redes criminales.
Los datos de la Guardia Civil revelan que entre 2000 y 2005
los extranjeros implicados en la explotación sexual de
mujeres ha crecido del 36 por ciento al 63, disminuyendo el
de nacionales en la misma proporción.
“España ha reaccionado un poco” ante este panorama, señaló
Giménez-Salinas, quien destacó la importancia de la nueva
Ley de Extranjería, que ampara a las víctimas, por ejemplo,
al no considerarlas culpables de un delito de inmigración
ilegal. “Además –recordó–, si colaboran con las autoridades
para detectar a los responsables, se les da la posibilidad
del permiso de residencia”.
No obstante, a juicio de la ponente, “la situación es
todavía muy penosa” para las víctimas de esta explotación,
ya que “no se asisten todas las necesidades”, si bien,
puntualizó, “hay unas comunidades autónomas más preparadas
que otras”.
La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid se
congratuló por el anunció del Gobierno de España del Plan
Nacional de Lucha contra la Trata, aunque lamentó que no se
haya hecho un plan integral sobre ambas explotaciones:
sexual y laboral, “pero es un primer paso”.
Así, a juicio de Giménez-Salinas, se advierte “una voluntad
política para luchar contra las dos vertientes del problema:
la persecución de las redes y la asistencia a las víctimas”.
La conferenciante explicó que el Plan del Ministerio de
Igualdad prevé cinco áreas de actuación: medidas de
sensibilización, prevención e investigación; de educación y
formación para profesionales; de asistencia y protección de
las víctimas, “que creo que es el gran logro”; legislativas
y procedimentales; y medidas de coordinación y cooperación
con los países de origen.
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VI CONGRESO NACIONAL
