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El sindicato UGT denunció ayer que Melilla “se está quedando
atrás” respecto al resto del territorio nacional en la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
en la Administración local, situación de la que
responsabilizó directamente a la Ciudad Autónoma.
En rueda de prensa, la secretaria federal de Política
Sindical de UGT, María del Carmen Barrera, recordó que, tras
la entrada en vigor del EBEP en mayo de 2007, corresponde a
las administraciones locales iniciar y convocar a los
representantes sindicales para negociar su aplicación, algo
que en Melilla todavía no se ha hecho. Barrera recordó que
esta situación aumenta la situación de endeudamiento de la
Ciudad Autónoma con sus trabajadores en concepto de carrera
profesional, de ahí que instara a la Consejería de
Administraciones Públicas a “dar ya los pasos necesarios”
para la aplicación del EBEP.
La dirigente sindical subrayó además que en otras
autonomías, incluso gobernadas por el PP como el caso de la
Comunidad de Madrid, se han llevado a cabo las negociaciones
para aplicar el EBEP.
Barrera se desplazó a Melilla para dirigir un curso
formativo a los delegados ugetistas sobre estrategias
sindicales de cara a la negociación para la aplicación del
EBEP, en el que han participado unos 30 dirigentes
sindicales.
Oposiciones
Asimismo, la responsable de Política Sindical de UGT
aprovechó su estancia en Melilla para entrevistarse con el
delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, para advertirle de
que algunos de los procesos selectivos de personal que ha
convocado la Ciudad Autónoma no se ajustan a lo establecido
por el EBEP, como es el caso de las oposiciones a la Policía
Local, cuyas pruebas comenzaron anteayer.
Según Barrera, estos procesos selectivos tienen “numerosas
irregularidades” de las que han informado al delegado del
Gobierno, al que han instado a que vele por el cumplimiento
de la legalidad vigente.
Barrera avanzó que la Delegación del Gobierno ha instado al
abogado del Estado a que intermedie para solucionar estas
“irregularidades” en los procesos selectivos de personal, en
los que se ha excluido la representación sindical de los
tribunales y, además, no se han negociado las bases de la
convocatoria con los representantes de los trabajadores,
algo que “marca la Ley”.
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union general de trabajadores
