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El delegado del Gobierno y el
presidente de la Ciudad reconocieron ayer si ambages el
trascendental papel que a todos los niveles juega en Ceuta
el sector público y, aún asumiendo que les gustaría contar
con otro modelo económico capaz de servir a los intereses de
los ceutíes con menos dependencia de la Administración, no
escurrieron el bulto y prometieron perseverar en su empeño
de trabajar juntos para hacer frente a los problemas de los
ceutíes durante el año próximo, que se prevé especialmente
complicado. Para ello ambos concluyeron que, sumando sus
fuerzas, el ejercicio que arrancará mañana dejará en la
ciudad autónoma nada menos que 270 millones de euros, la
mitad procedente de la Ciudad Autónoma y la otra de la
Administración General del Estado (de cuyas arcas sale,
además, parte de las inversiones que después proyecta y
ejecuta el Gobierno ceutí).
El compromiso del Gobierno de España con la ciudad es, por
tanto, innegable, y ratifica que los temores al respecto
están muy bien espantados desde hace mucho tiempo, sea cual
sea el partido que gobierne la nación desde La Moncloa.
Los Ejecutivos que dirigió José María Aznar rindieron unos
réditos y establecieron una serie de premisas en relación
con la ciudad autónoma en tiempos de bonanza económica que
ahora el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero debe
conservar y a ser posible elevar de forma inexcusable, ya
que es su responsabilidad no sólo el mantenimiento del nivel
y calidad de vida de todos los españoles, sino también
(mucho más atendiendo a sus postulados socialistas) la
equiparación de los mismos. La inversión contemplada para el
año próximo seguramente no elevará Ceuta a las medias
nacionales en indicadores como los del paro, el fracaso
escolar, la vivienda disponible o la población por debajo
del umbral de la pobreza, pero contribuirán a hacerlo. Eso
es lo menos que puede exigirse a las instituciones: seguir
caminando en beneficio de la ciudadanía.
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OPINIÓN / EDITORIAL
