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La Ciudad Autónoma se enfrenta a la recta final del proceso
por el que se conocerá cómo quedarán las cuentas públicas
respecto del reparto de fondos previsto en función del nuevo
modelo del sistema de financiación autonómico que ahora se
modifica desde que fue aprobado por el PP en 2001 y en el
que se contó por vez primera con Ceuta y con Melilla. El
Gobierno Vivas ha trabajado intensamente en la preparación
de ‘sus’ números.
El trabajo de la Ciudad Autónoma comenzó en 2007 tras las
elecciones autonómicas. Entonces, el consejero de Hacienda
se puso al frente de un equipo formado por técnicos de
Intervención y del organismo autónomo Servicios Tributarios,
con el apoyo externo de una consultora de reconocido
prestigio nacional e internacional como es Deloitte.
Los trabajos, coordinados por Francisco Márquez y bajo la
supervisión del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, han
sido particularmente difíciles para poner de manifiesto
necesidades que aún siendo evidentes y constatables nunca
habían sido medidas ni cuantificadas. Desde el primer
momento, ésta ha sido la base argumental del discurso del
Gobierno de Ceuta para reivindicar mejores condiciones de
financiación. Esta base se identificó como especificidades y
singularidades de Ceuta en tres planos: medio físico y
entorno; circunstancias sociales y demográficas y, por
último, particularidades económicas.
La línea estratégica marcada por el Gobierno pivota en torno
a estos tres condicionantes y está anclada bajo el paraguas
constitucional de la solidaridad interterritorial, lo que,
siempre manifestó el consejero, “debería traducirse en la
equidad en la prestación de servicios en cualquier parte del
territorio nacional”.
Vivas
Por su parte, el presidente Vivas siempre dijo que hay que
tener ‘cautela’ sobre el borrador del nuevo modelo de
financiación autonómica pero que el Estado tiene que
compensar ‘los déficit’ que tiene la autonomía ceutí que
oscila entre los 30 y los 60 millones de euros.
la Ciudad ya analizó el informe presentado por el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes en el que se aclaraba la singularidad
de Ceuta pero sin cifras exactas para la Ciudad Autónoma.
Vivas, que se ha reunido ya con sus más cercanos
colaboradores, mantiene que “estamos obligados a tener
cautela porque en el documento remitido no se aportan
cifras”.
No obstante, el jefe del Ejecutivo confirma que “si se
cumple con lo que se recoge en la propuesta, Ceuta tiene que
ver compensado el déficit que soporta por los servicios
transferidos, al amparo de lo previsto en el Estatuto de
Autonomía”. Fundamentalmente porque la Ciudad Autónoma tiene
que captar recursos “adicionales para seguir favoreciendo la
convergencia entre Ceuta y el resto de España en lo que
concierne a los niveles de vida de los ciudadanos”.
La propuesta de Solbes
La propuesta para la reforma del sistema de financiación
autonómica atiende a los principios básicos hechos públicos
en el mes de julio y que se resumen en los siguientes
puntos: mejorar la financiación de los servicios del Estado
del bienestar que reciben los ciudadanos, porque incorpora
recursos adicionales que aportará el Estado; garantizar que
cualquier ciudadano, independientemente de la comunidad
autónoma donde reside, tendrá la misma financiación para los
servicios públicos fundamentales que recibe y que el resto
de competencias transferidas a las CCAA tendrán financiación
suficiente; dotar de mayor autonomía financiera y
corresponsabilidad fiscal a las CCAA que dependerán más de
ellas mismas y serán menos dependientes de las
transferencias del Estado; y reducir las diferencias
actualmente existentes en la financiación per capita entre
las distintas CCAA.
El nuevo sistema de financiación autonómica girará en torno
a cuatro ejes: el incremento de la equidad y la suficiencia
en la financiación del conjunto de las competencias
transferidas a las CCAA; el refuerzo de las prestaciones del
Estado del bienestar; el aumento de la autonomía financiera
y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA y la mejora de la
dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de
ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
El primer eje –incremento de la equidad y la suficiencia- se
plasmará en la garantía de igual financiación de los
servicios públicos fundamentales y en la garantía de
financiación suficiente para el resto de las competencias
transferidas.
El segundo eje- refuerzo del estado de bienestar- se
traducirá en un incremento adicional de los recursos del
sistema de financiación.
El tercero –mayor autonomía y corresponsabilidad- se
lograrán a través de una mayor cesión de impuestos: el 50%
del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales, y de
una mayor capacidad normativa.
Por último, la mejora de la dinámica y la estabilidad del
sistema y de su capacidad de ajuste se conseguirá gracias a
los nuevos mecanismos de ajuste de los recursos del sistema.
Además, cada cinco años se llevará a cabo una revisión de
los elementos estructurales del sistema.
Nuevos fondos
El nuevo sistema tendrá un Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales que garantizará igual financiación
por habitante ajustado; atenderá la financiación de los
servicios públicos fundamentales; se financiará con un
porcentaje de los recursos; se revisará anualmente según la
evolución de los recursos tributarios y se distribuirá según
necesidades, utilizando el criterio de población ajustada,
mejorando la ponderación de los criterios actuales e
introduciendo criterios nuevos.
El sistema tendrá, además, un Fondo de Suficiencia Global,
que financiará el resto de competencias transferidas, bien
sean servicios no fundamentales o competencias no
homogéneas. Este fondo asegurará el mantenimiento del statu
quo e incorporará parte de los recursos adicionales que
aporta el Estado. Su evolución irá ligada a la de los
ingresos tributarios del Estado.
Por último, el sistema contará con nuevos recursos para la
constitución de los Fondos de Convergencia autonómica: un
Fondo de Competitividad, para reducir las diferencias de
financiación per capita e incentivar la autonomía, y la
capacidad y el esfuerzo fiscal en todas y cada una de las
CC.AA.; y un Fondo de Cooperación, para complementar al
Sistema de Financiación en el fortalecimiento del Estado de
Bienestar y cumplir con el objetivo último de convergencia
en los niveles de vida de los ciudadanos con independencia
de su lugar de residencia.
Los recursos de este fondo se distribuirán entre las CCAA de
menor riqueza relativa, de manera que cuenten con los
instrumentos para alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Documento esperanzador
Las excelentes relaciones entre el Ministerio de Hacienda y
la Consejería dirigida por Francisco Márquez, son evidentes.
La sede ministerial valora los exhautivos informes que la
Ciudad les envió el pasado julio y el día a día están
marcados por una evidente relación de cordialidad
institucional en el que la lealtad hacia el Estado es, no
sólo una palabra, sino una manera de hacer en el Gobierno de
Ceuta. El documento recibido en la Consejería de Hacienda,
de 23 páginas, es un texto con el que se pretende cerrar
[aun queda algo de debate] la reforma del sistema de
financiación autonómica que data de 2001 y en el que, por
vez primera, se contó con Ceuta. En este nuevo documento se
meciona específica “la necesidad de ajustar a las
singularidades de Ceuta y Melilla el Régimen Común planteado
de acuerdo con sus especificidades”. Un aspecto acogido
positivamente por el consejero de Hacienda porque “encaja en
su base argumental” con las líneas básicas que él mismo ha
venido exponiendo en Madrid desde hace medio año para
defender la necesidad de que Ceuta disponga de mayores
aportaciones del Estado.
Márquez ha reiterado en no pocas ocasiones que Ceuta puede
acogerse al primero de los ejes presentados en el documento
del Gobierno ya que la Ciudad “sí tiene competencias en
áreas de Asuntos Sociales como Tercera Edad o Educación
Infantil”.
El segundo de los ejes, el de Suficiencia Global, que se
puede equiparar al homónimo del sistema actual que prevé
aportar 16’8 millones a la Ciudad que ahora, con el nuevo
mecanismo de solidaridad, espera ver considerablemente
ampliado.
Literalmente el documento establece que “Ceuta y Melilla
tendrán unas necesidades de financiación por sus
competencias autonómicas, equivalente a su participación en
el Fondo de Suficiencia por un importe que comprende la
valoración de los servicios transferidos, a la que se
incorporará la correspondiente a la subvención de los
órganos de autogobierno. Márquez recalca: “Valoramos con
estudios serios y rigurosos el coste de todos los servicios
traspasados, lo que se nos transfieren por ellos y lo que
costaría prestarlos al mismo nivel que en el resto de
España”.
Asimismo el consejero de Hacienda expuso al Ministerio a lo
largo de las sucesivas reuniones “cuanto cuesta a la Ciudad
la colaboración que presta para servicios no transferidos
como Sanidad, Educación o Seguridad”.
El documento de Solbes establece que “la participación de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el Fondo de
Suficiencia se incrementará de igual forma que la
establecida para las Comunidades Autónomas de Régimen
Común”.
Previsto está en este ‘borrador’, por otra parte, que Ceuta
y Melilla reciban del Fondo de Convergencia Autonómica, del
que se deriva la equidad en los niveles de vida de los
ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, “una
aportación adicional teniendo en cuenta su singularidad de
cara a ajustar el sistema a sus necesidades”.
La suerte está echada.
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NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA
