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El pasado 29 de julio los miembros del Comité Autonómico del
Partido Popular, reunidos en San Millán de la Cogolla,
aprobaron un documento de bases para el sistema de
financiación autonómica, que avanza en la ponencia económica
del Congreso Nacional de Valencia en sus puntos 116 a 119.
En un contexto de crecimiento demográfico sin precedentes,
como el ocurrido en España desde el año 2002, el Gobierno no
ha desarrollado la previsión legal de actualización de las
necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas, generando
a éstas últimas problemas de insuficiencia financiera,
especialmente en el ámbito sanitario; a ello se añade el
incremento de los gastos sanitarios a una tasa muy superior
a la del crecimiento de los recursos del sistema, debido a
circunstancias ajenas a la capacidad de decisión de las
Comunidades Autónomas, o a la imposición de gastos por el
Estado a dichas Comunidades sin la necesaria financiación,
unos problemas que, con la actual crisis económica ya
trasladada a los ingresos regionales, pasa a ser un problema
de primer orden.
Estas circunstancias han convertido en inaplazable la
revisión del actual sistema.
Es el conjunto de las necesidades de gasto de todas las
CC.AA el que debe ser financiado a resultas del sistema que
se establezca. Son las personas, y no los territorios, las
que deben tener garantizada la financiación de los servicios
que reciben.
A su vez, la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia se
ha visto condicionada por la falta de compromiso en su
financiación por el Gobierno. Es necesario que se incorpore
al sistema la financiación correspondiente a los costes
reales de la aplicación de la Ley de la Dependencia.
Las diez bases de la declaración de San Millán conforman los
elementos esenciales de la negociación de todas y cada una
de las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el
Partido Popular, y son consideradas por las mismas como
irrenunciables:
1.- El Sistema de Financiación debe ser plenamente
respetuoso con la Constitución y con los principios
esenciales que se desprenden de ella.
2.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser el
foro donde se consensúe y se concrete la propuesta de
reforma. El modelo de financiación y el proceso de su
negociación han de ser transparentes y no arbitrarios.
3.- El sistema debe cumplir el principio de generalidad,
contemplando la financiación de todos los servicios
traspasados a las Comunidades Autónomas, incluida la
Atención a la Dependencia.
4.- El sistema de financiación que se apruebe debe tener una
vigencia indefinida.
5.- Debe garantizar la suficiencia financiera de las
Comunidades Autónomas y contemplar los importantes
crecimientos de población que se han producido en los
últimos años en España.
La variable fundamental para determinar las necesidades de
gasto de las Comunidades Autónomas será la población,
ajustada o equivalente, mediante una adecuada ponderación,
por los diversos elementos que influyen en el gasto
autonómico (superficie, dispersión, insularidad, grupos de
edades, etc.). En esta misma dirección, uno de los
principales objetivos del nuevo Sistema debe ser atender a
los incrementos poblacionales que han existido en España
durante los últimos años.
6.- Las Comunidades Autónomas deben recibir los recursos
necesarios para la financiación de sus servicios a través de
impuestos recaudados o parcialmente cedidos en su región,
como recurso principal, y como elemento esencial de su
corresponsabilidad fiscal. En ningún caso la mejora de la
financiación para las Comunidades Autónomas puede contener
una subida de impuestos.
Se ha de tener en cuenta en este aspecto la especial
situación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con un
régimen especial en tributación indirecta.
7.- La solidaridad debe ser irrenunciable, siendo así que
cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos
suficientes a las regiones para prestar los servicios
transferidos, con independencia de su capacidad fiscal.
8.- Deben incrementarse las competencias normativas y
gestoras de las regiones sobre los tributos cedidos y
compartidos pero respetando la eficacia y la armonía de la
que actualmente goza nuestro sistema fiscal.
9.- En materia de gestión tributaria, el sistema debe
avanzar en el impulso de fórmulas de colaboración y
coordinación entre los servicios tributarios de las
Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
10.- Dada la especial naturaleza de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla -su situación de extra-peninsularidad, de
ser frontera terrestre de la U.E., la escasez de recursos en
territorio propio, la reducida superficie y la elevada
densidad de población- el modelo de financiación deberá
contemplar el incremento de costes de prestación que ello
supone, con un tratamiento específico y adecuado.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
