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El Gobierno de la Ciudad Autónoma salió ayer al paso de la
denuncia que anteayer elevó CCOO a la Fiscalía de Menores
por la existencia de supuestos “tratamientos degradantes” a
los internos del centro de reforma de menores de Punta
Blanca, cuya veracidad negó “rotundamente”, y respaldó a los
trabajadores del mismo.
El Gobierno ceutí negó categóricamente ayer a través de un
comunicado la denuncia elevada por CCOO a la Fiscalía de
Menores sobre la existencia de “tratamientos degradantes” en
el centro de reforma de menores de Punta Blanca. “Las
actuaciones que se desarrollan allí se ajustan en todos los
casos a la legislación aplicable, la Ley 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, y
al reglamento que la desarrolla, aprobado mediante el Real
Decreto 1.774/2004, cuya legalidad fue estimada por el
Tribunal Supremo en 2006”, aseguró el Ejecutivo local.
“Tras contactar con la Consejería de Presidencia y la
Jefatura de Menores”, explicó la Ciudad, la institución negó
“rotundamente” el contenido de la denuncia del sindicato que
ayer adelantó este periódico “en relación al supuesto trato
que reciben los jóvenes internados en Punta Blanca”.
Según el Ejecutivo autonómico “la normativa tipifica las
medidas disciplinarias que se puedan aplicar a los jóvenes”
en función de si sus faltas se tipifican como leves, graves
y muy graves, “y el reglamento concreta las sanciones que se
pueden aplicar, a lo que se ajustan siempre las actuaciones
que se siguen en el centro”.
“Todas las medidas disciplinarias que se imponen a los
menores son comunicadas no sólo a la Jefatura de servicio,
sino también al propio juez de Menores, que tiene
conocimiento de todos estos expedientes”, concluyó la
Ciudad.
El Gobierno ceutí tildó de “absolutamente intolerable” que
el sindicato hable de torturas “o que compare la situación
del centro de reforma con la prisión iraquí de Abu Ghraib”,
y mostró su deseo de que la situación “se aclare cuanto
antes”. En cualquier caso, la Ciudad se ha reservado su
derecho de emprender acciones judiciales contra el sindicato
por esta denuncia, que según su versión “no sólo falta a la
verdad, si no que muestra un desconocimiento absoluto tanto
de la realidad del centro como de la legislación”.
Por último, el Gobierno quiso mostrar su “absoluto respaldo”
a la Consejería de Presidencia, a la Jefatura del área, a la
dirección del centro de reforma y a los trabajadores de
Punta Blanca, “víctimas de unas acusaciones falsas e
injustificables”.
“Al Ejecutivo le hubiera gustado poder explicar todo esto a
CCOO, pero no ha sido posible porque el sindicato en ningún
momento se ha dirigido a los responsables del área”,
lamentó.
Reunión de los trabajadores
La jefa y el subdirector general del Área de Menores, Toñi
Palomo y Luis María Fernández, respectivamente, se reunieron
ayer con los trabajadores del Centro de Punta Blanca para
mostrarles su respaldo.
Por su parte, los trabajadores sopesaron la idea de
querellarse colectivamente contra Comisiones Obreras.
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Aislamiento, sujeción y defensas de goma, métodos de
contención
El artículo 55 del Real Decreto
1774/2004 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de
los menores contempla el empleo de “la contención física
personal, las defensas de goma, la sujeción mecánica y el
aislamiento provisional” como los únicos medios de
contención que pueden usarse, sólo “para evitar actos de
violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras
personas, para impedir actos de fuga, para impedir daños en
las instalaciones del centro o ante la resistencia activa o
pasiva a las instrucciones del personal del centro en el
ejercicio legítimo de su cargo”. Siempre y en cualquier caso
“de forma proporcional al fin pretendido”, “nunca” como una
sanción encubierta y si no existe “otra manera menos gravosa
para conseguir la finalidad pretendida y por el tiempo
estrictamente necesario”. En el mismo sentido, el Real
Decreto establece que el uso de cualquiera de estos medios
de contención deberá tener la autorización previa del
director del centro y que “deberá ser comunicada
inmediatamente al juez de menores” tanto su adopción como su
cese.
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denuncia de
comisiones obreras
