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Si es verdad será grave, pero si
no lo es, también. Así valoró ayer la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Inmaculada Ramírez, la denuncia
elevada a la Fiscalía de Menores anteayer por Comisiones
Obreras en relaciones con la presunta existencia de
supuestos malos tratos a los internos del centro de reforma
de menores de Punta Blanca. La representante del PSOE puso
ayer, sin entrar en el asunto por responsabilidad y
prudencia, un punto de cordura digno de resaltar en relación
con dicha denuncia. Porque, efectivamente, y como es
evidente, si el fiscal decide investigar de oficio los
hechos que incluye el sindicato en su texto y encuentra
pruebas de su veracidad estaremos ante un desgraciado,
lamentable e intolerable proceder. Pero si la Fiscalía de
Menores no aprecia ningún indicio de conductas delictivas o
ni siquiera acepta indagar de oficio en ellos por considerar
insuficiente la denuncia de Comisiones estaremos igualmente
ante un hecho igualmente grave. Gravísimo más bien.
Gravísimo porque con la denuncia, que no aporta pruebas
documentales, se habrá puesto en tela de juicio no ya la
profesionalidad, sino incluso la ética y la humanidad de un
grupo de trabajadores (primero) y de responsables políticos
(después) que injustamente se habrán sometido a verse
vituperados públicamente sin razón. En un sistema de
libertades como el que afortunadamente disfruta este país
desde hace ya tres décadas es fundamental que quien hace uso
de ellas ante los tribunales, un derecho que nos asiste a
todos y que es una obligación cuando se tiene constancia de
la comisión de hechos delictivos, tiene también el deber de
ser responsable en la información y comunicación de los
mismos. Es de esperar, primero, que ninguno de esos hechos
presuntamente delictivos se hayan producido, pero igualmente
es exigible que CCOO haya sido responsable en las
deliberaciones previas a la presentación y difusión de la
noticia. Lo malo es que ambas cosas son difícilmente (aunque
no imposible) compatibles. Ahora toca esperar a la decisión
de la Justicia.
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OPINIÓN / EDITORIAL
