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La práctica totalidad de los trabajadores del Centro de
Menores de Punta Blanca –38 de 39–, con el apoyo jurídico de
la Ciudad Autónoma, interpusieron ayer ante el Decanato de
los Juzgados de Ceuta la denuncia ya anunciada contra
Comisiones Obreras (CCOO), la cual habla de la comisión de
dos delitos contra el honor: propagación con publicidad de
calumnias e injurias graves hechas con publicidad. La
querella va dirigida directamente contra Juan Luis Aróstegui,
secretario general del sindicato, y su Ejecutiva Regional,
que a su vez tiene denunciados los supuestos malos tratos en
dicho centro ante la Fiscalía de Menores.
La denuncia de los trabajadores del Centro de Punta Blanca
va formulada contra Aróstegui y la Ejecutiva Regional de
CCOO, pero también “contra cualquier otra persona que, con
idéntica o similar participación, se pusiera de manifiesto
hubiere colaborado o participado” en la sucesión de
acusaciones y declaraciones que comenzaron el pasado día 21
de enero con la primicia dada por este periódico respecto a
la denuncia presentada por el sindicato ante la Fiscalía de
Menores de Ceuta por supuestos malos tratos en Punta Blanca.
Según el abogado de los empleados públicos del centro de
menores, la actuación de la cúpula de CCOO de Ceuta ha sido
delictiva en lo tocante al Título XI del Código Penal, que
protege los delitos contra el honor.
En concreto, la denuncia habla de un presunto delito de
calumnia, en tanto que, según el abogado, las acusaciones de
CCOO fueron hechas “con conocimiento de su falsedad o
temerario desprecio hacia la verdad”, ya que también se
refiere a la propagación con publicidad, ya que
supuestamente se hicieron imputaciones de conductas
delictivas a los trabajadores de Punta Blanca.
De igual modo, la denuncia considera que Aróstegui y la
Ejecutiva de CCOO incurrieron en un delito de injurias
graves hechas con publicidad, al haber supuestamente
lesionado la dignidad de los trabajadores, “menoscabando su
fama o atentando contra su propia estimación”.
“Así resulta”, señala la denuncia, “de la equiparación que
se realiza de dichos empleados con los servidores de los
centros de reclusión ya mencionados” –en relación a las
comparaciones que Ramón Moreda, secretario de Acción
Sindical de CCOO, realizó con Abu Ghraib y Guantánamo–,
“equiparación e imagen socialmente reprobable y vejatoria a
todas vistas, junto al cúmulo de recriminaciones
profesionales que implican sin mucho esfuerzo deductivo, las
irresponsables y mendaces acusaciones efectuadas”.
La denuncia de los trabajadores ante el Juzgado de
Instrucción se adjunta con un dossier de prensa sobre las
noticias surgidas desde el día 21, especialmente la nota
realizada por el sindicato.
El servicio jurídico de la Ciudad Autónoma hace hincapié en
la querella de la “importante repercusión” mediática que
alcanza la noticia, llegando a través de Europa Press a los
medios de comunicación nacionales.
“Los diez días que transcurren desde estos hechos hasta la
presentación de la presente son densos en declaraciones y
acontecimientos, que se acreditarán en el momento procesal
oportuno a los efectos de colmar los requisitos típicos y
antijurídicos de la imputación que aquí se formula”, expresa
la denuncia.
De todo lo escrito y dicho en los medios de comunicación, la
denuncia afirma que desde CCOO se ha afirmado que: a) la
dirección del Centro de Punta Blanca ha establecido desde
hace años un protocolo institucionalizado de malos tratos
degradantes y lesiones; b) se acusa al grupo de celadores
vigilantes de esposar, como castigo, con grilletes a las
camas durante horas a los menores y, si persisten en su
actitud, amarrarles con correas a las mismas camas, quedanto
totalmente inmovilizados durante horas; c) se acusa a los
educadores y monitores de decidir a su albedrio la duración
de dichos castigos; y d) que se ha expresado un paralelismo
con las prácticas realizadas en Guantánamo o Abu Ghraib.
El abogado apunta que “resulta claro que junto a los
concretos colectivos de trabajadores a los que se acusa en
las citadas imputaciones públicas, la responsabilidad (...)
alcanza a toda la plantilla del Centro con independencia de
su respectivo ámbito de competencias”.
La denuncia lamenta también “la crueldad y bajeza moral” que
CCOO dibuja de los trabajadores de Punta Blanca, “capaces de
ocasionar con sus depravadas prácticas heridas a los menores
sin la menor compasión (...) en un régimen de absoluto
desprecio por las normas, reglamentos y leyes que regulan
estas cuestiones”.
“La infamia de la acusación y lo infamante de las
imputaciones sólo es comparable con la imprudencia con la
que se realizan así como con el temerario y consciente
desprecio de la verdad y como la interesada manipulación de
las leyes y de la realidad de un Centro de tales
características”, afirma la denuncia, para la cual “tampoco
puede escaparse el evidente beneficio y rédito que pretende
con esta acción el hasta ahora único identificado”, en
referencia a Aróstegui.
La denuncia quiere dejar claro también que Punta Blanca
cumple escrupulosamente con la legalidad y que nunca ha
habido indicios en contra de ello en las diversas
inspecciones de las autoridades.
Para acreditar todo ello, el abogado de los empleados del
centro pide que se identifique a quienes hayan participado
en los hechos, la declaración de periodistas, la citación
del responsable de la web de CCOO, recabar prácticamente
todo lo que ha salido en los medios al respecto y las
relaciones de las visitas a Punta Blanca del Juzgado de
Menores y la Inspección de la Ciudad Autónoma.
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La delegada de Comisiones Obreras en el reformatorio de la
Ciudad se adhiere a la querella
Los representantes sindicales de
los trabajadores de Punta Blanca, incluida la delegada de
Comisiones Obreras (CCOO), redactaron ayer un comunicado
para dejar claro, entre otros puntos, que la demanda por
calumnias e injurias graves con publicidad va dirigida
“contra la persona o personas que presumiblemente han
calumniado a estos trabajadores” y “no contra las
instituciones u organizaciones que los mismos pudieran
representar”. En el comunicado conjunto de los tres
sindicatos en dicho Centro de Menores –la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI.F), la Unión General de
Trabajadores (UGT) y CCOO–, afirman que “confían en los
jueces y tribunales de esta ciudad”, los cuales “sabemos que
lo resolverán adecuadamente”. Los tres representantes
sindicales aprovechan también el escrito para transmitir su
apoyo a los empleados públicos “a quienes se ha puesto en
entredicho sin más hechos probatorios que las habladurías”,
lo cual ha llevado a una situación de “sufrimiento”, por la
cual “debemos estar unidos en unos momentos tan
complicados”. Por último, los trabajadores quieren dejar
constancia de “los graves perjuicios que están sufriendo el
proceso de rehabilitación de los menores objeto de
tratamiento” y “la alarma e inquietud sembrada en los padres
y familiares”, así como “el daño moral y psicológico” a los
empleados del centro.
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POLÉMICA EN EL ÁREA DE MENORES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA
