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El incidente acontecido el pasado lunes en la Estación
Marítima de Algeciras entre un grupo de pasajeros y personal
de Baleària que impidió el acceso al buque de una residente
que portaba un DNI caducado llevó ayer a la patronal de las
navieras, ANAVE, a emitir una nota de prensa defendiendo el
requisito solicitado.
Las navieras están “obligadas” a constatar que los viajeros
que cruzan el Estrecho con billetes bonificados por su
condición de residentes en la ciudad autónoma de Ceuta son
quienes efectivamente dicen ser, pero también que lo
acrediten con un documento “siempre original” que sea válido
y esté vigente. “Esto significa que, por ejemplo, un
ciudadano pueda viajar con un DNI caducado con un pasaje sin
bonificar porque con él acredita su identidad, pero que no
podrá hacerlo”, explicó la Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE), “como pasajero titular de un pasaje bonificado
porque, para ello, debe acreditar no sólo su identidad, sino
su condición de residente de acuerdo con la normativa de
aplicación, que debe hacerse, en cualquier caso, con
documentos vigentes, no caducados”.
Según ANAVE las navieras “dejan de percibir el importe de
las bonificaciones a las que tienen derecho los ciudadanos
residentes si por parte de la Administración se verifica, a
través de los exhaustivos controles que se realizan,
cualquier incumplimiento de los procedimientos que son de
aplicación”.
Dichos requisitos están recogidos en los Reales Decretos
1216/2001 y 1340/2007, en los que la Dirección General de la
Marina Mercante, gestora del transporte marítimo en nuestro
país, establece que los operadores “están obligados a
comprobar la residencia y la identidad de los ciudadanos
residentes beneficiarios de las bonificaciones
correspondientes”.
“Estas comprobaciones”, recordó ANAVE, “deben efectuarse
tanto como requisito previo a la expedición del pasaje, por
parte de las navieras o de las agencias de viajes, como
durante los procesos de embarque y acceso a bordo”, amplió
la asociación de navieras, que dejó claro que “son
independientes de las que se hagan respecto de las normas de
seguridad marítima o de las instalaciones portuarias, ya que
son específicas en relación a la bonificación a la que
puedan tener derechos los ciudadanos residentes en Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla”.
Después de los años del café para todos, en los que
prácticamente cualquiera podía viajar con el correspondiente
descuento como residente sin serlo, la guerra de ofertas de
hace tres años alarmó, por el nivel de fraude detectado, a
la Dirección General de la Marina Mercante, que incluso
desplazó funcionarios propios a Ceuta para investigar en el
nivel de los controles que se aplicaban.
Desde entonces, según indicó ayer el capitán marítimo en la
ciudad autónoma, Jesús Fernández, la situación parece
“controlada”. “Marina Mercante encomienda a los operadores
el control de la identidad y lugar de residencia de los
pasajeros que viajan con billetes bonificados para
posteriormente recibir la correspondiente compensación”,
reiteró Fernández, quien recordó que “los controles deben
similares a los de cualquier aeropuerto, donde uno pasa
varios filtros prácticamente con el DNI en la boca y no se
producen tantos problemas como aquí”.
La problemática de los ciudadanos que denunciaron el pasado
lunes la actuación del personal de Baleària que impidió a
una pasajera subir al barco por llevar su DNI caducado
tiene, no obstante, una segunda parte, la de que la pasarela
que une el puerto con el buque fuera retirada con ellos
encima y, según su versión, poniendo en peligro su
integridad física.
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