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El penúltimo conflicto alrededor
de la línea marítima del Estrecho, en este caso por los
controles establecidos por el personal de Baleària, su trato
supuestamente demasiado estricto y finalmente la retirada,
según la versión de los pasajeros denunciantes, de la
pasarela por la que se accede al buque con ellos encima
encierra un doble conflicto. Por un lado, el respeto y
conocimiento de cuáles son los deberes y derechos que
asisten y obligan a los residentes en la ciudad autónoma a
la hora de viajar con billetes bonificados; por otro, y esto
seguramente se trate más de desgraciadas decisiones
personales que defectos del sistema, respuestas o actitudes
fuera de tono de un lado y otro del negocio.
La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), contribuyó ayer
de manera encomiable a aclarar la situación: cualquier ceutí
que desee viajar como residente y no exponerse a padecer
ningún contratiempo (como perder una salida o tener que
comprar un pasaje sin descuento) deberá llevar encima la
documentación que le sirva no sólo para acreditar su
identidad, sino también que es residente en la ciudad
autónoma en el momento en el que embarca, para lo que la
legislación establece que deberá mostrar su Documento
Nacional de Identidad (DNI) en vigor.
El texto normativo es claro y no deja lugar a dudas, pero no
hubiera estado de más que, después de años de flojera y
vista gorda a discreción, las navieras o las autoridades
competentes hubiesen lanzado una campaña informativa para
que los ciudadanos, al encontrarse filtros y peticiones que
nunca antes habían visto, no crean que se les está tomando
el pelo o que a un trabajador le ha dado por amargarles el
viaje. Si el personal de Baleària no se comportó con la
debida corrección formal o si incurrió en una temeridad al
retirar la pasarela es un asunto que la Justicia debe
aclarar lo antes posible para, si es necesario, motivar la
correspondiente sanción y evitar repeticiones de este tipo
de sucesos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
