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José Antonio Martín Pallín ingresó en la carrera fiscal en
1965 y en la judicial en 1989, el mismo año en el que fue
elegido por el Consejo General del Poder Jdicial magistrado
del Supremo, donde permanece desde que se jubiló en 2006
como emérito de la Sala de lo Penal. Ha sido Presidente de
la Asociación pro Derechos Humanos de España y de la Unión
Progresista de Fiscales y es miembro de Jueces para la
Democracia. Colaborador de Amnistía Internacional y de la
Comisión Internacional de Juristas en misiones de
investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y
Palestina y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006.
Ayer hizo escala en Ceuta, de camino hacia Tetuán, para
hablar con EL PUEBLO sobre la Justicia española.
Pregunta.- Acude usted a Tetuán a hablar de la Memoria
Histórica hispano-marroquí y de la Guerra Civil española.
¿Qué más se puede decir sobre este tema?
Respuesta.- Desde el punto de vista histórico toda la
literatura ha hablado siempre de la utilización de los
regimientos formados por marroquíes por parte de Franco y de
los golpistas. No tenía idea de que había habido un grupo de
gente, marroquíes pero también argelinos y de otros países,
que se habían alistado para luchar a favor de la República
como las Brigadas Internacionales.
P.- ¿Cómo cambia ese ‘descubrimiento’ las cosas?
R.- Desde esta perspectiva se plantean dos temas. Por un
lado el de este grupo de personas, que a mi juicio no
tendría ningún problema desde el punto de vista de la Ley de
la Memoria Histórica porque entrarían de lleno en la
normativa que se aplicaría a los miembros de las Brigadas
Internacionales, y después el otro, en el que sostiene que
hubo personas incluso de 12 años que fueron reclutadas por
los franquistas a la fuerza. Estamos, en este segundo caso,
ante un problema de investigación, averiguación y prueba. Un
tercer aspecto es el de la represión de las fuerzas
franquistas durante todo el tiempo que duró la Guerra Civil
en Marruecos. Ese es un problema que tiene una doble
vertiente: la de la solución que adopten las autoridades
marroquíes o la aplicación del principio de justicia
internacional, que podría llevar a que los casos se viesen
por la jurisdicción española.
P.- ¿Con qué consecuencias se puede aplicar la Ley de la
Memoria Histórica a los dos colectivos que ha citado?
R.- La que se está utilizando más siduamente es la de la
adquisición de la nacionalidad española. En el primer caso,
como le digo, parece de fácil encaje. En el segundo, si se
demostrase ese reclutamiento forzoso, sobre todo de menores,
habría que encontrar una fórmula jurídica para aplicarles la
ley en lo referente a la nacionalidad.
P.- ¿Cuántos marroquíes alistados con la República podrían
beneficiarse de la ley?
R.- Se habla de unas 615 personas, pero incuestionablemente
muchas de ellas estarán ya muertas. La Ley abre también la
posibilidad de obtener esta nacionalidad en los casos de
exilio, no en los de las Brigadas Internacionales, a los
parientes descendientes de grado. Es un problema de
investigación, de datos y de encaje en la ley.
P.- En cualquier caso es un problema también de
desconocimiento, de la escasa atención que se ha prestado a
este asunto, ¿no?
R.- Tengo la sensación de que así es. Desde luego confieso
que mi desconocimiento, a pesar de haber leído muchos libros
sobre la Guerra Civil, al respecto. Esta vertiente está poco
analizada y los propios organizadores del seminario así lo
reconocen.
P.- Aunque no por su vinculación a Marruecos, la Ley de la
Memoria Histórica ha levantado una polvareda considerable.
Un año y pico después de su aprobación, ¿el resultado que
está dando es el que pensaba?
R.- Yo creo que la Ley tuvo que transigir a última hora en
los artículos que hablan de la ilegitimidad de los
tribunales y de la injusticia de las sentencias por no
ajustarse a los cánones mínimos. Hasta ahora no está
teniendo una plasmación en resoluciones de los tribunales.
Yo creo que podría dar lugar a recursos de revisión de los
Consejos de Guerra pero, que yo sepa, no se ha utilizado esa
vía.
P.- ¿A qué lo atribuye?
R.- Quizá los que podrían utilizarlo no lo han hecho, pero
yo creo que el Ministerio Fiscal, el fiscal general del
Estado, que es el que tiene legitimidad para las revisiones,
debería tomar la iniciativa e incluso crear una fiscalía
especial transitoriamente para aplicar la Ley de la Memoria
Histórica.
P.- A fecha de hoy la única iniciativa la están llevando
asociaciones y familiares, ¿verdad?
R.- Efectivamente. En cuanto a las exhumaciones es
verdaderamente patético comprobar cómo asesinatos
extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas,
incluso tras la apertura de fosas, se están tratando igual
que una licencia administrativa para abrir un bar o poner en
marcha un negocio. Creo que eso es muy ofensivo para la
memoria de las víctimas. Las autoridades judiciales por un
lado y las instituciones autonómicas, centrales y locales
deberían tomar la iniciativa y no dejarse llevar sólo por
las peticiones que les hagan los familiares.
P.- Cuando Garzón y la Audiencia Nacional dejaron la causa
abierta en manos de los juzgados de Instrucción el tema
pareció disolverse como un azucarillo. ¿Por qué?
R.- Según los datos que manejo hay unos 17 juzgados con
actuaciones de muy diversa índole. La referencia que tengo
indica que el juzgado de Villarcayo, en Burgos, ha abierto
una causa por crímenes contra la Humanidad y desaparición
forzosa de personas. Ese proceso devolvería el tema a la
Audiencia Nacional. Pensamos que esto iba a ir más rápido
pero está yendo muy lento.
“Dejación” judicial con las fosas
P.- ¿Usted cree que la apertura de fosas se está llevando
como se debiera?
R.- Sobre ese tema hay un problema gravísimo en el que
debería intervenir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
y el fiscal general del Estado: hace unos meses se publicó
una foto de una fosa común en Málaga en la que aparecían
restos humanos con las manos atadas con alambres a la
espalda y signos evidente de fusilamiento. Con la ley
vigente una imagen así, con restos que pueden apuntar a una
muerte violenta o sospechosa de criminalidad, es un caso de
libro. El juez tiene la obligación de ir allí, abrir unas
diligencia, llamar al forense, etcétera. Si no da resultado
se archiva, pero lo clamorosamente preocupante, incluso con
posible dejación judicial, es que no se han abierto
diligencias en Málaga, como si fuera una cuestión
administrativa, como si hablásemos de la apertura de un
nicho para trasladar los restos a otro.
P.- Llegamos al debate de los límites espaciales y
temporales de la acción judicial. ¿Usted cree que están
claros?
R.- Ahí hay una discusión doctrinal entre el Derecho
Internacional de los Tratados y el Derecho Internacional
Consuetudinario.
P.- Traduzca
R.- Para explicárselo a un lector no experto en Derecho esto
quiere decir que aquellas conductas como genocidios,
desaparición forzada de personas, crímenes de lesa
humanidad... pueden perseguirse de una doble manera. Si son
cometidos después de firmar los convenios no hay ningún
problema, pero al tratarse de crímenes de lesa humanidad el
Derecho Consuetudinario, que ya estimaba la Constitución de
la República y que a partir de Nüremberg tiene el mismo
valor que al anterior, también avala su persecución. No
olvidemos que España no firmó tratados de Derechos Humanos
hasta la Transición, pero eso no quiere decir que la
desaparición forzada de personas no fuese delito antes.
P.- Eso en lo que se refiere a investigar crímenes cometidos
en terceros países. ¿Qué puede decir sobre los límites
temporales, sobre hasta cuánto atrás puede remontarse un
juez?
R.- No es obstáculo. En este país nuestro, que es tan dado a
la frivolidad y a la falta de sensibilidad, se hicieron
muchas bromas cuando el juez Garzón pidió los certificados
de defunción de Franco y treinta y tantos ministros suyos.
Dejémonos de bromas porque es bastante serio. Se trataba de
incorporar a un expediente judicial una certificación de
defunción para declarar extinguida la responsabilidad
criminal. No hace falta ser una lumbrera para saber que
Franco se ha muerto, pero los bromistas también deben saber
que en un expediente judicial hace falta el certificado para
extinguir la responsabilidad.
P.- Hablábamos del caso de Málaga y de cierta dejación
judicial. Decía que se pueden y se deben investigar los
casos puntuales pero, ¿se podría hacer una causa general
sobre el Golpe de Estado de 1936?
R.- La Guerra Civil tiene el aspecto del frente y de los
muertos en las batallas. Específicamente en Tetuán vamos a
hablar de un cementerio de marroquíes existente en Luarca
(Asturias) y ciudadanos del país vecino caídos en la batalla
del Ebro. Los muertos en combate son un hecho histórico y
ahí la ley puede ayudar a encontrar los restos, pero no a
hablar de responsabilidad criminal en una situación bélica.
La responsabilidad de Franco sería por sublevación pero no
por una confrontación bélica.
P.- ¿Todavía se está a tiempo, aún fallecido, de juzgar esa
responsabilidad golpista?
R.- Eso es lo que pretendía el juez Garzón. Constatar, hecho
histórico abrumador, que hubo una rebelión militar contra
las instituciones del Estado y que los los autores
materiales y más próximos habían fallecido y declarar
extinguida su responsabilidad
Política y Justicia
P.- La Ley de la Memoria Histórica ha sido una muesca más en
el creciente debate político alrededor de la Justicia. Hace
muy poco días usted dijo que “a los políticos no les
interesa que la Justicia funcione bien”. ¿Fue un exceso o lo
mantiene?
R.- En cierto modo sí. Me ratifico. Cuando puede existir una
responabilidad penal de un político, de un partido, a estos
no les interesa el buen funcionamiento de la Justicia. Y
entonces se utiliza la táctica de la deslegitimación de la
Justicia, acusándola de partidista. La Justicia siempre ha
tenido un trato secundario porque no conviene que funcione
bien del todo. Somos un poder de control y contrapeso y a
los políticos no les interesa que ese control funcione.
P.- ¿Y entonces se dice que son ustedes unos sinvergüenzas,
unos títeres del Gobierno?
R.- Sí, se acusa al juez y al sistema de prevaricación y de
muchas otras cosas. La intención es deslegitimar al
investigador acusándole de tener intereses expúreos, de
dilatar juicios para que entre la prescripción... Cuando no
se consigue se acude a la estereotipada frase de que la
Justicia española “es un cachondeo”. Así se crea una
situación en la que los que se ven implicado se justifican
diciendo que están en manos de personas que no sirven a los
ciudadanos.
R.- ¿El paro judicial persigue cambiar ese modelo con miras
altas o atiende a motivos más bajos como salarios, jornadas
laborales y reparto de responsabilidades?
R.- Me gusta que utilice la expresión paro y no huelga. Es
una diferencia semántica, pero con contenido jurídico
importante. La Constitución dice que la justicia emana del
pueblo y que la administramos en nombre del Rey, algo que no
se dice de ningún otro funcionario. No creo que quepa el
derecho a la huelga en España y es rigurosamente falso que
esté específicamente reconocido en Francia, Italia o
Portugal, como se ha dicho. En Italia se han hecho tres
paros: uno tras el asesinato de [el juez antimafia Giovanni]
Falcone; otro derivado de una actitud de agresión verbal y
jurídica de Berlusconi a la Corte Suprema y otro por un
intento de modificación de las leyes procesales para reducir
el modelo de fiscal que todos desearíamos al del modelo
español. Fueron razones de un gran calado institucional. En
España sólo una de las ocho reivindicaciones judiciales
tiene un carácter económico, para incrementar las
retribuciones de las guardias, no la general. Las demás son
de carácter organizativo. Yo, reconociendo todo eso, pienso
que mis compañeros se han precipitado. Esto viene de muy
atrás. No se puede quitar de encima de la noche a la mañana
una bola de nieve que todos hemos dejado crecer no sólo en
democracia, sino también durante el Franquismo e incluso
desde el siglo XIX. Esta es una catástrofe anunciada
producto del sistema escrito... No se puede funcionar así.
Esas fotografías de los expedientes acumulados, si los ve un
juez inglés o escandinavo pensaría que está en el Archivo de
Indias.
P.- ¿Hacia dónde hay que ir?
R.- El modelo está agotado. Intentar resucitar a un
moribundo es tirar el dinero y no se puede engañar al
ciudadano. Hay que ir al sistema de oralidad, rapidez e
inmediación. Lo manda la Constitución, no es un invento mío,
pero nadie le ha hecho caso y ahí están las fotografías de
lavabos llenos de expedientes. La gente no puede pensar que
esto se arregla con más jueces y más oficinas: sería como
crear sucursales y sucursales cuando se sabe que vamos hacia
la banca electrónica.
P.- ¿La nueva Oficina Judicial va en el buen camino?
R.- No conozco a fondo el modelo propuesto. Tengo unos años
y estoy en el Supremo, no conozco bien cuál será la nueva
oficina, pero si es nueva no creo que sea peor que la que
hay ahora.
“Debería haber dimitido antes”
P.- ¿Cómo se tomó la dimisión del ministro Bermejo?
R.- Recibí la noticia en Quito, en Ecuador. El ex ministro
es un muy buen amigo personal mío pero la confluencia de una
serie de factores hacen que crea que incluso tendría que
haber dimitido antes.
P.- No es lo mismo un ataque al Poder Judicial desde el
Gobierno, como Berlusconi, que desde la oposición, pero ¿no
le parece que la ofensiva del PP justificaría un paro ‘a la
italiana’ o sería demasiada solidaridad para con un solo
magistrado?
R.- Efectivamente sería ser demasiado solidario con un solo
juez, pero esos ataques tienen un significado emblemático.
Se trata de la deslegitimación que comentaba antes. Un juez
me persigue y entonces digo que es un corrupto y un
prevaricador. De todas formas que eso lo insinúe o lo diga
el vicepresidente del CGPJ es una de las cosas más graves
que he oído en toda mi vida profesional, que ya es bastante
larga.
P.- ¿Cuánto de política hay debajo de las togas?
R.- No creo que en este momento el movimiento judicial sea
estrictamente político. Lo que pasa es que me preocupa,
mirando al futuro, que a la vista del ensayo de paro haya un
grupo mayoritario de jueces que crea que tenga el poder
suficiente para, con esos paros, intervenir en la vida
política del Estado. Me parece peligrosísimo. Alguien dijo
que los controladores áereos de Barajas podrían parar el
país, pero que los jueces caigan en esa tentación sería la
ruptura del sistema democrático.
P.- ¿Le parece normal, por muy trágica que sea su situación,
que el presidente del Gobierno reciba a los familiares de
menores asesinados para hablar sobre la pena de muerte o la
cadena perpetua?
R.- Es inaceptable que en el siglo XXI se haga política
criminal a partir de sucesos que, por otro lado, han tenido
una relevancia especial en la prensa, pero que alrededor
cronológicamente han tenido siete u ocho muertes que han
pasado desapercibidas. Sabemos desde hace siglos de que una
política criminal moderna no puede moverse a impulsos
emocionales ni alumbrada con antorchas funerales. Es una
temeridad, un populismo peligrosísimo, que convierte a los
ciudadanos en una especie de justicieros. Ojalá no veamos
linchamientos por alimentar esas bajas pasiones.
P.- ¿Con condenas más duras estaríamos más seguros?
R.- Que se lo pregunten a los estadounidenses, que con la
pena de muerte tienen el récord mundial de presos y de
inseguridad.
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LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA, DESDE LA ÓPTICA NACIONAL
