La Ley y la injusticia política
 

Quim Sarriá
quimsarria@elpueblodeceuta.com
 

Fin de semana disfrutado en Roses (Ampuriabrava) con un tiempo que no invitaba, precisamente, a salir y a pesar de todo lo disfruté lo mejor que pude.

Allá, en Roses (Ampuriabrava), conocí un restaurante bastante bueno –no es “El Bulli” de Ferrá Adriá, ni podría permitirme el lujo de comer ahí, habría salido tan desplumado como si hubiera entrado en un casino de Las Vegas- y que nos trataron muy bien. Se nota que estamos en tiempos de crisis y los retauradores se desviven con los clientes, escasos clientes que se acercan por su imperio.

Bueno, con la panza llena, sin acercarse a la de Sancho Panza, me dispongo a pasear cuando me encuentro con un viejo amigo, ex miembro de un partido político en Euzkadi. Nos liamos a platicar sobre las justicias impartidas en todos los tiempos y las injusticias repartidas en determinado tiempo y espacio.

Desde que el 19 de abril de 1937 el General Franco decretó la supresión de todos los partidos políticos bajo su zona de dominio, fundando uno nuevo, en el que se integraban obligatoriamente todas las organizaciones disueltas, bajo el mando único del “Caudillo”, -así se constituye una Dictadura del “manda güevos” y como la Falange Española se opuso a esta medida su jefe, Manuel Hedilla, es encarcelado, vilipendiado y tratado como ahora tratamos a los terroristas-, hasta la reentrada de la democracia en nuestro país ha llovido bastante hasta que en 1978 salió una Ley Orgánica con el número 54/1978 de partidos políticos, derogada más tarde por la Ley Orgánica 6/2002) no esperábamos un acercamiento visceral a los métodos de entonces.

La antigua Ley fue firmada en consenso por todos los partidos políticos que abrieron la Constitución -no la de Franco que este no suspendía… mataba- y suspendía a cualquier partido político cuando incurrieran en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal y cuando sus actividades fueran contrarias a los principios democráticos…, la nueva Ley está firmada por Mariano Rajoy Brey, como Presidente en funciones, tiene otros agregados, además de los dos tipificados en la antigua Ley más ensanchados semánticamente, otro artículo que viene a redondear los dos anteriores sin especificar claramente qué tipo de infracción es considerada legal.

Todo lo deja en manos de los jueces y condena cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democrático (los partidos “anulados” de Euzkadi no han incurrido en este delito); también condenan cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Partidos políticos (los partidos “anulados” de Euzkadi no han incurrido en ninguno de los delitos… a menos que el silencio se entienda como un delito)… no sigo, doctores tiene la Ley.

Si nos atenemos al estricto cumplimiento de la Ley de partidos políticos… el PP ha cometido infinidad de delitos en referencia a los artículos 7 y 8. Sin embargo nunca será penado ¿verdad?

Lo que sería justo es suspender en toda participación política A LA PERSONA causante del quebrantamiento legal o con orden judicial que lo respalde, NO AL PARTIDO en sí. Además, para privar a una persona de sus derechos democráticos, han de pesar sobre ésta condenas firmes y no simples deseos de los demás partidos políticos porque no les secundan en sus declaraciones –todo lo contrario que promulga la constitución eso de obligar a declarar a las personas lo que no quieren declarar- y ello se transforma en un ardid político para quitar de la escena potenciales obstáculos para conseguir el Poder con menos participación de partidos.

Llegamos a este punto de nuestra plática y ya me encuentro cansado. Si estamos en un país donde multan, gordas multas y con secuestro con grúa, a quienes aparquen en sitios que nunca molestan ni son obstáculo para nadie y que son marcados precisamente para recaudar fondos; cómo podemos creer que la justicia que se ofrece aquí, en éste país, sea justa si sólo favorece a los ricos.