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La primavera electoral en Galicia
y el País Vasco, prólogo de las elecciones europeas que
previsiblemente aumentarán la tensión entre los dos grandes
partidos de implantación nacional, el PP y el PSOE, ha
dejado entrever las primeras grietas entre ambos partidos y
sus representaciones institucionales en la ciudad autónoma
de Ceuta. Primero a cuenta del grado de ejecución
presupuestaria del Gobierno central en la ciudad autónoma
durante el año pasado y después a raíz del recorte sensible,
de una tercera parte del total que se percibe según la
Consejería de Asuntos Sociales, padecido por la
Administración local en las partidas que la General del
Estado le transfiere para al atención a inmigrantes y
políticas sociales. La escalada de declaraciones, que hoy
tendrá su prolongación con la esperada respuesta del senador
Fernández Cucurull, no parece amenazar seriamente las
relaciones entre la Delegación del Gobierno y el Palacio
autonómico porque sus respectivos responsables parecen
convencidos de que sólo por el camino de la lealtad
institucional y la colaboración mutua conseguirán los
mejores resultados para la ciudad autónoma, pero no deja de
ser inquietante la deriva por la que sus respectivos
partidos transitan. Sobre todo porque trasladan a la
ciudadanía la imagen de que podría ser que sus discursos en
ese sentido, mil veces repetido tanto por José Fernández
Chacón como por Juan Vivas, podría no ser más que una
fachada. En un país democráticamente maduro como ya es
España los ciudadanos deben comprender y asimilar el juego
político, que se agita y se tensa de forma natural cada vez
que se aproxima una cita con las urnas, pero aún así debe
exigirse a los representantes institucionales que velen y
hagan velar a su alrededor por la fidelidad al mensaje de la
lealtad y la colaboración con el único objetivo final de
beneficiar a los ciudadanos. Las políticas sociales son,
quizá, las que mejor desempeñan esa función. Utilizarlas
como arma arrojadiza no es la estrategia política más
elogiable.
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OPINIÓN / EDITORIAL
