OPINIÓN - DOMINGO, 15 DE MARZO DE 2009

La necesaria presión fiscal

Que a nadie le apetece cumplir con el fisco es una máxima, aunque tópica, bastante verosímil que depende de la ética y la conciencia ciudadana del sujeto físico o jurídico del que se trate. Sin embargo, y esta sí que debería ser una máxima de cabecera, pagar impuestos no sólo es necesario, sino también justo. La Constitución impone una serie de límites en lo relativo a la facultad recaudatoria propia de las administraciones. En el caso de las Autonomías, por ejemplo, han de respetar la reserva de ley de los elementos esenciales del tributo, tendrán que seguir el principio de territorialidad, no podrán crear tributos aduaneros y tendrán que evitar la existencia privilegios económicos y sociales, así como respetar el principio de solidaridad con respecto al resto de autonomías. El sistema tributario español se basa, por otra parte, en los principios de igualdad y generalidad (todos deberíamos ser iguales a la hora de pagar); de capacidad económica; de progresividad de no confiscatoriedad y de legalidad. El Estado en su más amplia extensión es los protagonistas de la actividad financiera, que tiene como objeto la realización de gastos públicos encaminados a satisfacer “el bien común”. Para realizar estos objetivos el estado necesita unos ingresos que se obtienen sobre todo a través de los tributos. No hay más. Si uno quiere carreteras, servicios sanitarios, Educación... debe pagar impuestos. El proceso de reforma del REF ceutí y su encaje solidario con el resto de los españoles (no dejar de pagar demasiado para que paguen los demás por nosotros) y las críticas reiteradas de la oposición a una supuesta “voracidad” de la Ciudad mantienen el asunto de los impuestos en candelero constante. Ni UDCE-IU ni el PSOE ni nadie deberían volver a caer en el error, que alguna vez han rozado o incurrido de lleno, de promover la insumisión fiscal. El objetivo debe ser, aquí también, un gran acuerdo para que todos sigan aportando en la medida de sus obligaciones y sus posibilidades como dictan los principios constitucionales.