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Una de las ocho familias que residen en Patio Molino a la
espera de que el juzgado y la Ciudad Autónoma acometan la
demolición de sus viviendas, declaradas en ruina hace casi
dos años, vio el domingo como se desplomaba sobre su salón
parte del techo de su casa, afortunadamente sin causar daños
personales al no encontrarse en ese momento en su interior.
Los residentes reclamaron ayer mayor atención de Fomento y
Servicios Sociales para encontrar una solución a su caso.
La familia de Fatima Sohora comprobó el domingo, a la vuelta
de un par de días fuera de su casa, como la misma ya no era
la misma que habían dejado el viernes. El techo del salón de
su casa, cuya cubierta superior registró serios daños tras
el temporal de septiembre pasado, se desprendió en su
práctica totalidad sobre los sillones y el resto de enseres
de la dependencia, que el domingo fue visitada por efectivos
del Cuerpo de Bomberos.
“Nos indicaron que ni nosotros ni los niños permaneciésemos
en la casa por el riesgo de desprendimiento que apreciaron y
nos comunicaron que darían parte al departamento de
Servicios Sociales, pero aún no hemos recibido ninguna
llamada ni visita”, lamentó ayer Sohora en declaraciones a
este periódico, al que explicó que lleva ocho años viviendo
de alquiler en la casa tras abonar varios millones al
anterior propietario del solar por los derechos de llave de
la vivienda.
Su familia es una de las ocho que siguen viviendo en Patio
Molino con la incertidumbre de saber que sus casas están
declaradas en ruina técnica y que tarde o temprano tendrán
que desalojarlas, aún sin destino fijo.
En noviembre pasado se concentraron ante la Asamblea después
de recibir una providencia del juzgado que les daba 5 días
de plazo para recurrir un auto que daría a la Fomento
permiso para entrar en sus viviendas. El titular del área,
Juan Manuel Doncel, explicó entonces no habría “ninguna
demolición” y menos de forma inmediata “porque estos asuntos
siempre pasan por la Comisión Local de la Vivienda con las
garantías necesarias para que nadie se quede en la calle”.
Sin embargo, la recepción, el pasado viernes, de un Decreto
de Fomento que les da 15 días para recurrir la ejecución
subsidiaria por parte de la Ciudad de una demolición con un
presupuesto de más de 20.000 euros ha vuelto a sembrar la
inquietud en una zona donde se prevén levantar pisos de
postín. Fomento aseguró ayer trabajar en la búsqueda de “la
mejor solución” para su caso, mientras que Asuntos Sociales
dijo a través de portavoces autorizados desconocer los
últimos avatares de la familia.
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incidente
