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En numerosas ocasiones he
reflexionado sobre el desalojo de la crispación política del
seno de la Asamblea tras la llegada de Juan Jesús Vivas al
Gobierno de la Ciudad aunque, en los últimos meses,
asistimos a un rebrote puntual pero virulento como
consecuencia del coqueteo político entre Mohamed Alí y Juan
Luís Aróstegui. La ciudadanía rememora enfrentamientos del
pasado justificados, en esta ocasión, en una materia tan
delicada como la aplicación de la Ley del Menor en Ceuta y
más en concreto, en relación a la labor que desarrollan los
profesionales que prestan sus servicios en el Centro de
Reforma de Punta Blanca.
Quizás, los ceutíes deberían conocer que entre los internos
de este Centro de Reforma se encuentran menores que han
cometido delitos de diversa envergadura; tráfico de
estupefacientes, robos con violencia y asesinatos. Menores
protegidos por la Ley del Menor quienes, a pesar de su corta
edad, representan las conductas más despreciables del ser
humano. Individuos, en muchos casos, en la frontera de la
mayoría de edad y por tanto, con una importante corpulencia
física difícil de reprimir.
No obstante, durante años los excelentes profesionales del
Centro de Reforma de Punta Blanca han desarrollado una
meritosa labor reconocida por los dirigentes políticos y por
una sociedad que se veía libre de las actuaciones de unos
individuos sumamente peligrosos ingresados en esta
institución. La capacitación y la experiencia acumulada por
los profesionales del Área de Menores en el desempeño de sus
funciones se han visto alteradas peligrosamente por las
denuncias interesadas formuladas por quienes deberían
proteger la labor de este colectivo al margen de otros
intereses.
Criticar la gestión política del Gobierno de la Ciudad no
debe significar entorpecer la labor diaria de quienes
desempeñan la labor de reeducar y reinsertar correctamente
en nuestra sociedad a estos menores. Quizás, sea el momento
de agradecer y felicitar la labor desarrollada por quienes
desarrollan una labor esencial por y para la convivencia
ciudadana a través del trato directo con unos menores que
han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de hacer
daño.
En definitiva, todos deberíamos saber que una sociedad
democrática como la nuestra dispone de los recursos
necesarios para proteger los derechos de los internos de
Punta Blanca al mismo tiempo que, se protegen los derechos
de quienes desempeñan sus labores profesionales en el mismo
atajando, totalmente, las injerencias de quienes pretenden
conseguir cualquier rédito político o sindical.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
