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El Ministerio de Medio Ambiente no ha solicitado ninguna
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de la
nueva prisión de Ceuta que Instituciones Penitenciarias
prevé construir a quinientos metros de la barriada del
Príncipe Alfonso, según han confirmado ayer a esta redacción
fuentes de este último departamento, quienes han precisado
que la única documentación extra que se ha solicitado hasta
ahora se ha tramitado ante la Ciudad Autónoma y trata sobre
las conducciones que para el saneamiento y el suministro
eléctrico deberían extenderse hasta el lugar donde se
levantará.
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) no ha
solicitado la elaboración de una Declaración de Impacto
Ambiental sobre el proyecto que Instituciones Penitenciarias
maneja para construir la nueva cárcel de Ceuta, según han
confirmado a esta redacción desde Madrid fuentes vinculadas
directamente a la ejecución de este proyecto, que contempla
inversiones superiores a 120 millones de euros en la ciudad
autónoma.
Pese a lo publicado en otros medios de información sobre
este punto el departamento que dirige Mercedes Gallizo no ha
recibido ninguna instrucción en ese sentido, una solicitud
que demoraría durante un año el comienzo de la construcción
de la penitenciaría.
De acuerdo con estas mismas fuentes hasta el momento la
única documentación adicional que se ha solicitado en
relación con este proyecto es la que atañe a las
conducciones con que habría que dotar el proyecto en materia
de saneamiento y de suministro eléctrico, gestionadas ambas
ante la Ciudad Autónoma.
Algunas fuentes interpretaron esa petición como el paso
previo a la solicitud de una Declaración de Impacto
Ambiental, aunque se cree que dicha gestión indica que no
será necesario la realización de la citada Declaración, un
documento que la legislación contempla solicitar para
cualquier proyecto u actividad que, entre otros requisitos,
implique riesgos para la salud de la población, debido a la
cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos;
efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad
de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
agua y aire; reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos o localización próxima a
población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que
se pretende emplazar.
El sector penitenciario no está, según las fuentes
consultadas en el Ministerio de medio Ambiente, entre los
incluidos en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente,
aunque sí podría entrar en el supuesto previsto en el Real
Decreto 1302/86 de evaluación de impacto ambiental en el
apartado de ‘Proyectos de urbanizaciones, incluida la
construcción de centros comerciales y aparcamientos’.
La ‘Memoria Consultiva para analizar si debe ser sometido a
evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el RDL
1/2008, de 11 de enero, de Evaluación de Impacto Ambiental’
elaborado por Instituciones Penitenciarias destaca, en lo
referente a su impacto visual, que “las características
paisajísticas particulares del emplazamiento elegido para el
nuevo Centro Penitenciario, están marcadas por la reducida
cuenca visual desde la que será visto. A pesar de la marcada
localización en ladera, la localización de los terrenos,
entre colinas y barrancos, determina que solo sea percibido
de manera clara desde la periferia del Príncipe Alfonso”.
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Los Verdes pide que se estudie la repercusión sobre el
fortín
Los Verdes-Grupo Verde advirtió
ayer que la “dejadez” de la Ciudad Autónoma en el cuidado de
los fortines neomedievales, “una parte de nuestro
Patrimonio”, está llevando a que algunos de ellos estén “en
riesgo inminente de caerse, si no del todo, sí
parcialmente”. A través de un comunicado de prensa rubricado
por su responsable en Ceuta, Juan Redondo, Los Verdes
advirtieron de que esas estructuras “están declaradas Bien
de Interés Cultural (BIC)”. Entre los que presentan un peor
estado de conservación Los Verdes citaron el de Aranguren,
“que al estar sobre una falla tiene unas grietas que cada
día son más grandes” o el de Mendizábal, “cuyo interior está
ya completamente deteriorado y que además se encuentra muy
cerca del lugar donde el Estado proyecta construir el nuevo
centro penitenciario”. En ese sentido Los Verdes reclamaron
de la Administración General que tenga en cuenta el posible
impacto que la infraestructura tendría sobre el fortín. “El
Mininisterio de Cultura debería hacer un estudio del impacto
que la nueva prisión podría tener” sobre esta estructura, un
Bien de Interés Cultural que compete proteger a este
departamento, según esta formación política.
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fomento
