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El 3 de abril de 1979 los españoles eligieron por sufragio
universal, libre y secreto, a los alcaldes y concejales de
todos los municipios españoles. Ese día tuvo lugar la
primera elección democrática de ámbito municipal en España,
después de muchos años.
Casi cuatro meses antes, el 6 de diciembre de 1978, el
pueblo español había ratificado por referéndum la Carta
Magna. Y lo había hecho sobre los valores de la concordia,
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político, la defensa del Estado social y democrático de
Derecho, el reconocimiento de los derechos del hombre y del
ciudadano, la división de poderes y la monarquía
parlamentaria.
Desde entonces, España dio el gran salto hacia la modernidad
y la equiparación con los países de nuestro entorno. Pasó de
ser un país ignorado a formar parte integrante de la Unión
Europea y llegar a ser incluso uno de los países fundadores
de la moneda única europea: el euro. En tan sólo treinta
años, la transformación de nuestro país ha sido espectacular
y ello se ha debido en gran manera al establecimiento de un
nuevo Estado configurado por la Constitución en torno a la
existencia de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, que hace de España uno de los países más
descentralizados del mundo.
Ésta fue la previsión del artículo 137 de la Constitución al
disponer que el Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que
se constituyan. Añadiendo que todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Sin embargo, la articulación de esta estructura territorial
ha deparado en este tiempo un desequilibrio en perjuicio de
los Entes Locales. Los poderes públicos han dedicado más
esfuerzos a desarrollar las Comunidades Autónomas que a
favorecer la posición institucional de los Entes Locales,
dotándolos de la autonomía y suficiencia financiera que les
reconoce la Constitución y sin llegar a terminar el proceso
descentralizador iniciado.
Treinta años no han sido aún suficientes para reconocer a
los Entes Locales la importancia que les corresponde de
acuerdo con su capacidad de gestión. En este período, apenas
ha subido el porcentaje de participación en el gasto público
desde el 11% en 1979 al 13’4% actual.
Si bien la financiación local es un problema estructural que
se lleva arrastrando casi desde el principio, ello no es
excusa para no poner en marcha de manera inmediata reformas
institucionales y en el ámbito de las haciendas locales, que
permitan empezar a desbloquear este problema. Las
dificultades económicas y financieras actuales obligan a no
retrasar más este compromiso de los poderes públicos.
Al cumplirse pues una fecha tan señalada para la democracia
española, el Partido Popular quiere reivindicar el
importante papel institucional de Ayuntamientos,
Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares, y la exigencia
de dotarlos de competencias y recursos suficientes ya para
que los municipios puedan desempeñar con garantías las
competencias que les corresponden y prestar los servicios
públicos y sociales que los ciudadanos demandan.
De esta manera, los representantes del Partido Popular en
municipios, provincias e islas de España, ante el
cumplimiento del trigésimo aniversario de las primeras
elecciones democráticas municipales celebradas el 3 de abril
de 1979, queremos hacer la siguiente declaración pública:
PRIMERO.- Los Entes Locales son una parte esencial de la
arquitectura institucional española y constituyen, con las
Comunidades Autónomas, la base territorial del Estado
diseñado por la Constitución. De acuerdo pues con nuestra
Carta Magna, les corresponde el pleno reconocimiento de su
autonomía y suficiencia financieras.
SEGUNDO.- La democracia está en deuda con el peso específico
que los gobiernos locales han ido adquiriendo en estos años
tanto en el desarrollo y crecimiento de la sociedad, como en
su capacidad para mejorar el bienestar de los ciudadanos
gracias a la mayor proximidad a sus necesidades.
TERCERO.- El ejercicio del cargo de alcalde y concejal, así
como el trabajo de todos los que prestan sus servicios en un
Ayuntamiento, Diputación, Cabildo y Consell Insulares y
Juntas Generales, en cualquier municipio español, constituye
la mejor “escuela de democracia” que existe para solucionar
los problemas de la gente, acercarse a sus inquietudes y
necesidades y comprender la importancia de los servicios
públicos que se prestan en beneficio de los ciudadanos.
CUARTO.- El completo reconocimiento de esta situación obliga
en consecuencia a los poderes públicos, especialmente al
Gobierno de la Nación y a los Gobiernos Autonómicos, a
adoptar todas las medidas que mejoren y beneficien la
organización y el funcionamiento de los Entes Locales, tanto
en su vertiente institucional como en su financiación.
Y, finalmente, debemos entre todos mantener siempre en el
recuerdo el valor inestimable de los alcaldes y concejales
que han perdido su vida precisamente por defender la
libertad y la democracia frente a los asesinos de ETA. Así
como nuestro cariño y solidaridad con los ediles que
soportan sus amenazas e intimidaciones. El reto más
acuciante de nuestra democracia es pues conseguir la paz y
la libertad en el País Vasco y en España, y que por fin sea
una realidad la libre expresión de las ideas y de las
opiniones sin amenazas ni coacciones. Este es el verdadero
homenaje pendiente que debemos rendir. Ahora más que nunca.
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OPINIÓN
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COLABORACIÓN
