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El sistema de comunicación judicial digital, Lexnet, “podría
comenzar a funcionar en menos de un mes”. Así lo acreditó la
secretaria del Gobierno de Justicia, Josefa Vilar, quién
explicó que el protocolo de implantación ya está creado y
los equipos preparados aunque “estamos a expensas de recibir
las tarjetas necesarias para la firma digital, que no han
llegado”. Esta red se basa en el correo electrónico y la
comunicación bidireccional entre los diferentes operadores
jurídicos.
Se trata de un medio de transmisión de datos basado en el
correo electrónico y la firma digital que permite la
comunicación entre todos los operadores jurídicos, tanto
para la salida como para la entrada de documentos, siendo un
paso más hasta llegar al expediente digital.
Lexnet, el nuevo sistema de comunicación judicial digital
“podría empezar a funcionar en menos de un mes”, explicó
Josefa Vilar, la secretaria del Gobierno de Justicia. El
protocolo de implantación está creado, los equipos
preparados aunque para su puesto en funcionamiento resulta
esencial la tarjeta necesaria para la firma digital de cada
persona, que “ya están pedidas pero aún no han llegado
porque son muchas”, apostilló Vilar. Además de “esperar la
respuesta de los procuradores”, añadió.
Tal y como se explicó en la presentación de Lexnet, el
pasado 10 de marzo, la implantación de este sistema será
progresiva y se iniciará en los seis órganos mixtos, en el
servicio común, en menores y en los dos penales. Los dos
juzgados de lo Contencioso, el abogado del Estado y el
abogado de la Ciudad, serán los siguientes en sumarse a la
carrera del este sistema digital. Un nuevo método que
implica modernidad y homogeneidad en los procesos
judiciales.
La aplicación de Lexnet es bastante sencilla y el periodo de
formación ronda los cuatro o cinco días, acción que llevará
a cabo la experta que manejó ‘Minerva’, el programa
utilizado en la actualidad por los juzgados de la ciudad.
El sistema Lexnet añade a las garantías de autenticidad,
integridad y no repudio que proporciona la firma electrónica
reconocida, mediante los mecanismos técnicos adecuados, la
de confidencialidad en las comunicaciones y la de sellado de
tiempo. Su implantación se enmarca en el plan de
modernización de la Administración de Justicia, que exige,
para alcanzar una realidad judicial informatizada, la
incentivación del uso de nuevas tecnologías en los sistemas
de gestión procesal, para que las formas de trabajo
desempeñado en las oficinas judiciales evolucionen y se
adapte a la sociedad de la información.
Requisito imprescindible para alcanzar una atención de
calidad a los ciudadanos.
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