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Los presuntos desmanes económicos encontrados en el Consejo
de la Juventud traerán un dolor en forma de aproximadamente
12.000 euros, el coste medio de una auditoría según el PSOE,
a todas las entidades que perciben más de 100.000 euros al
año en subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La Ciudad se siente “un damnificado más” de lo sucedido en
la contabilidad del Consejo de la Juventud (CJCE), que
presenta un presunto agüjero en sus cuentas por encima de
50.000 euros y que siguió cobrando subvenciones a pesar de
arrastrar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Por
ello Márquez repitió ayer mantendrá sus políticas de
Juventud sin cubrir las deudas del organismo, a cuyos
anteriores órganos rectores se guarda el derecho de
denunciar. Pero para evitar que la situación se repita y con
el propósito de “perfeccionar” el Reglamento aprobado en
2005 el Pleno dio ayer su visto bueno con los únicos votos
en contra del PSOE a la propuesta de modificación que le
planteó el Gobierno.
Así, el nuevo texto, que ahora pasará a exposición pública,
exigirá que se acredite “con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de la concesión de subvenciones” y
“con carácter previo al cobro” el estar al corriente de las
obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y la Ciudad.
Aquellas entidades que perciban más de 100.000 euros deberán
además de presentar “la cuenta justificativa del empleo dado
a los fondos recibidos” un informe firmado por un auditor de
cuentas “inscrito en el Registro Oficial”, trabajo que
cuesta una media de 12.000 euros según expuso ayer el PSOE,
que como UDCE-IU preguntó a Márquez si dicha cantidad
debería asumirla la entidad sin aportaciones extra. Así
será. Dicho informe “versará sobre la aplicación dada a los
fondos recibidos y al efectivo cumplimiento de los fines
perseguidos con el otorgamiento de la subvención”.
Por último las asociaciones receptoras de subvenciones
estarán obligadas, todas, a disponer a disposición de la
Ciudad de una relación actualizada de sus asociados, a
“llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel
del patrimonio, del resultado y de la situación financiera
de la entidad” y a “efectuar un inventario de sus bienes y
recoger en un libro los actos de las reuniones de sus
órganos de gobierno y representación”.
Durante el debate de la propuesta la portavoz socialista,
Inmaculada Ramírez, pidió que a la vista de los errores
formales de una iniciativa “precipitada y falta de rigor” el
asunto quedase sobre la mesa, algo que el PP rechazó.
Ali (UDCE-IU) centró su crítica en acusar al Ejecutivo de
Vivas de intentar hacerse un “lavado de cara” con un cambio
de Reglamento “que no tiene nada que ver con los delitos que
se pueden haber cometido al dar subvenciones a una entidad
deudora de Hacienda y la Seguridad Social, algo que ya
estaba prescrito en la ley”.
“Dan palos de ciego para confundir a la ciudadanía”, criticó
Ali a Márquez, que negó que fuese “un marrón” llevar ese
tema al Pleno pese a las pancartas que lucían varias
representantes juveniles enfrente, entre el público.
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sesión plenaria ordinaria en la
asamblea
