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Más de 400 personas se benefician en la actualidad en Ceuta
de las prestaciones económicas previstas en la Ley de
Dependencia, pero la ciudad, como Melilla, aún no está al
nivel de otras regiones como Andalucía, Castilla y León y
Euskadi (8,5) o Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra (7,5)
y sólo obtienen 4,5 puntos sobre 10 en la aplicación de la
misma.
El III Dictamen del Observatorio de la Dependencia, un
análisis que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales de España realiza con periodicidad
semestral desde el año pasado centrado en tres aspectos (los
procedimientos, la provisión de servicios y prestaciones y
la financiación de la Ley de Dependencia) suspende a Ceuta y
Melilla, como a Murcia, Canarias, Madrid, la Comunidad
Valenciana y Extremadura, por su retraso al aplicar la ley.
El trabajo contempla doce indicadores: solicitudes de los
ciudadanos, personas evaluadas, normativa desarrollada para
poner en marcha la ley, apoyo a los servicios sociales de
los ayuntamientos, buenas prácticas, equilibrio entre las
prestaciones que se conceden (residencias, ayuda económica),
etcétera.
“La situación de Ceuta y Melilla resulta peculiar, ya que la
gestión del Sistema para la Atención a la Dependencia
corresponde directamente al IMSERSO, y además es difícil
valorar el apoyo a las entidades locales para la
implantación del Sistema, cuando ambas ciudades autónomas
son en sí mismas entidades locales”, asume el informe, que
“para poder mantener una comparación con el retos de
territorios” opta por no puntuar a ninguna de ellas en lo
que a Normativa y Apoyo a ayuntamientos se refiere,
trasladado su puntuación de base 8 a base 10 “para hacerla
equiparable con el resto”.
Cada indicador se valora con entre cero y dos puntos. Las
dos ciudades autónomas no arrancan ni medio punto en si el
sistema de información garantiza el seguimiento del proceso
al solicitante y a los Servicios Sociales Comunitarios en
tiempo real, pero tampoco en la definición e implantación de
un modelo de intervención para el seguimiento de los Planes
Individuales de Atención (PIAS) en entornos domiciliarios.
Muy deficiente se da también a Ceuta y a Melilla porque
carecen de alguna buena práctica destacable “en relación con
la gestión y desarrollo de la Ley” y porque no existe un
equilibrio porcentual aceptable “en la prescripción de los
recursos en relación a los servicios y las prestaciones
económicas enunciadas en el capitulo 15 de la Ley”.
Como el porcentaje de solicitud de la dependencia de las
ciudades sobre el total de la población, es igual o inferior
a tres décimas a la media estatal ambas obtienen un 0,5 en
este aspecto, la misma puntuación que en materia de
Dictámenes (el porcentaje de dictámenes sobre población de
la ciudad no es superior a tres décimas sobre la media
estatal) y en PIAS pendientes de identificar (el porcentaje
sobre el total de personas evaluadas oscila entre el 30% y
el 50%).
Ceuta y Melilla sólo llegan al 1 en tres indicadores: ha
desarrollado normativa (decretos u ordenes) estableciendo
procedimientos y desarrollando protocolos de acceso con
compromisos temporales; ha iniciado procesos de concertación
con las entidades locales para unificar criterios de acceso
a centros (centros de día y residencias) y servicios (ayuda
a domicilio y teleasistencia) y con los servicios sociales
comunitarios en los procedimientos para la aplicación de la
Ley; y la gestión de prestaciones y servicios se integran y
complementan las definidas en el sistema de protección
social de los servicios sociales.
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