|
Han pasado siete años desde que la Operación Marinas, el
mayor operativo contra el delito de blanqueo de capitales,
estallase en la ciudad autónoma. A pesar de ello, esta trama
continúa con vida en los juzgados de Ceuta, procedentes del
número cuatro y derivados a la Audiencia Provincial. Casi
300 procedimientos se distribuyeron en el Palacio de
Justicia para agilizar las diligencias pero a la fecha
actual todavía quedan imputados por enjuiciar. Los márgenes
de las condenas han variado en todo este periodo desde que
el Tribunal Supremo tomara cartas en el proceso que en mayo
de 2002 fue un ‘boom informativo’ en Ceuta.
El mayor operativo organizado en la ciudad autónoma contra
el blanqueo de capitales, la famosa Operación Marinas,
continúa con vida a pesar de que han pasado siete años desde
que en mayo de 2002 casi 300 embarcaciones semirígidas,
conocidas como gomas, fueran requisadas poco a poco a través
de diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Algunos de los imputados están cumpliendo penas de prisión,
otros se han librado de ellas pero los últimos aún están por
juzgar. Aunque los más de 200 procedimientos fueron
distribuidos entre los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción para su posterior traslado a la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta, todavía quedan algunos
imputados pendientes de sentencia y que proceden, en su
mayoría, del Juzgado número 4 según han explicado a este
periódico varios abogados especializados en este operativo.
El delito de blanqueo de capitales ha sido el denominador
común en todos estos casos para el que eran necesarios tres
requisitos que los acusados cumplían: “un incremento de
patrimonio que no esté justificado, que no hay actividad
comercial de procedencia del dinero, y que existe
vinculación económica con la comisión de un delito grave”,
explicó un letrado ceutí especializado en esta materia por
los numerosos casos que ha defendido en la Operación
Marinas.
Investigación
Esta investigación comenzó en el Servicio de Aduaneras de
Málaga con la pretensión de disminuir el número de
embarcaciones que por aquel entonces copaban el Club Náutico
de la ciudad y otros puntos de las costas andaluzas.
Este cuerpo investigó las propiedades y descubrió que se
trataba de personas con pocos ingresos, por lo que contactó
con Capitanía Marítima; esta, aportó un listado de registros
de estas embarcaciones matriculadas en Ceuta comprobándose
que todas las lanchas estaban pagadas en efectivo cuando sus
propietarios no tenían recursos económicos ni ingresos en la
Agencia Tributaria. En este momento, entró en la Operación
Marinas la Guardia Civil, que años atrás había controlado la
salida y entrada de estas embarcaciones. Por un lado se
contrastaron los antecedentes del vehículo y por otro, los
del propietario; luego, todas las personas relacionadas con
la embarcación para buscar una posible vinculación con el
narcotráfico. “Se requisaron algunas embarcaciones que no
tuvieron nada que ver con el tráfico de drogas pero sí se
comprobaba que un mismo piloto podía conducir 40 lanchas en
menos de tres días”, argumentó el letrado.
Una vez que reventó la operación, comenzaron a retirarse
todas las embarcaciones sospechosas de delito tanto en el
Club Náutico como en distintos garajes y naves de la ciudad
con muchas que no existían o se habían requisado en
operativos de narcotráfico aunque el hecho delictivo no era
la presencia física de estos vehículos sino la adquisición
del mismo.
Perfil de las embarcaciones
El perfil de estas lanchas neumáticas semirígidas, conocidas
como gomas, también era exacto: gran potencia (250
caballos), con siete y doce metros de eslora, consumo
elevado de combustible, motorizaciones que permitían la
velocidad de 50 nudos, dificultad de conducción y un precio
que giraba en torno a los 30.000 euros. “En su inmensa
mayoría, los que matriculaban estas embarcaciones eran
‘hombres de paja’, que no participaban en las operaciones de
narcotráfico y luego podían denunciar el robo de sus
lanchas”, añadió el experto.
Comisos y detenciones
Los datos contrastados en la investigación muestran que un
propietario llega a tener más de una lancha con varios
motores sin poseer ingresos mínimos para su adquisición.
Entonces la Fiscalía tomó cartas en el asunto y le pidió a
la Guardia Civil las vinculaciones delictivas. Entonces
comenzaron a decomisar embarcaciones en diferentes puntos de
la ciudad paralelamente a los cimientos del procedimiento
judicial, uno por cada persona imputada. Por lo que los
Juzgados Mixtos de encontraron con entre 60 y 70
diligencias. Como las condenas podían llegar hasta los seis
años de prisión, las competencias de enjuiciamiento fueron
para la Audiencia Provincial.
En esos días, que aún se recuerdan en los juzgados, fue
usual ver grandes embarcaciones que salían de garajes, naves
y el Club Náutico y que circulaban por las carreteras
locales remolcadas por la autoridad.
|
Operación
marinas, contra el blanqueo de capitales
