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El Grupo Parlamentario Popular aprobó ayer en solitario tres
propuestas de índole fiscal para hacer frente a la crisis
bajo un mismo principio: para que la Administración pública
pueda incrementar o mantener los servicios que ofrece debe
tener unos recursos que, en tiempos de crisis, escasean;
apretado el cinturón de los gastos, la única forma de
obtenerlos es recurriendo al déficit y recaudando más, a ser
posible entre quienes más tienen. Eso es lo que dice el
Gobierno ceutí. La oposición cree que su único propósito es
“exprimir” el bolsillo de los ciudadanos “con afán
recaudatorio” y sin otro propósito que el de cuadrar las
cuentas de gastos e ingresos previstas en sus Presupuestos
Generales para este ejercicio.
El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, y la oposición,
capitaneada por un Mohamed Ali (UDCE-IU) que al hablar en
primer lugar obliga a Ramírez (PSOE) a replicar sus
argumentos, protagonizaron ayer en Pleno un animado debate
sobre varias propuestas del primero vinculadas en su inmensa
mayoría a la respuesta que desde la Administración se puede
dar, en el orden fiscal, a la crisis económica.
La sarta de propuestas que Márquez llevó al Palacio
autonómico incluyó una subida apreciable (“escandalosa”,
dijo Ali) del gravamen complementario sobre Carburantes y
Combustibles Petrolíferos del IPSI y del tipo al que
tributan los servicios “prestados por vía electrónica así
como los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y
de televisión”, que pasa del 3% al 8%.
La tercera, la que generó mayor polémica, fue la
modificación del artículo 9º de la Ordenanza fiscal que
regula la prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, que a partir de ahora pasará a
cobrarse relacionando directamente “el factor de
disponibilidad o cuota tributaria fija con el calibre del
contador instalado y la categoría fiscal de la calle de la
vivienda”.
Las tres iniciativas fueron boicoteadas por la oposición,
que sólo respaldó la de llevar a noventa días hábiles el
plazo de pago voluntario del IPSI de Importaciones y la de
elevar de 6.000 a 18.000 euros el límite exento de la
obligación de aportar garantías en la solicitudes de
fraccionamiento o aplazamiento de pago de este mismo
impuesto.
Pese a la disparidad de opiniones de UDCE-IU y PSOE para
Márquez, sin embargo, según explicó al Pleno, todas sus
iniciativas forman parte de un mismo corpus ideológico: para
no recortar los servicios que ofrece la Ciudad y capear la
crisis es necesario tener recursos que, como piensa
Zapatero, cuando se cree rozar el límite de austeridad sólo
pueden salir de dos sitios: del bolsillo de los
contribuyentes más pudientes y del déficit.
Político, Ali le echó en cara al consejero tal postura
frente a las crisis que le dirige el PP nacional. Márquez no
negó que su línea de acción sea similar a la del presidente,
pero sí dejó claro que con los recursos que el Estado tiene
en su mano podría aplicar otro tipo de políticas económicas.
Fue lo más suave que, siempre dentro de la cortesía
parlamentaria, le dijeron Ali y Ramírez a Márquez por sus
iniciativas, que pintaron como impregnadas de un “afán
recaudatorio” que se aplica “en el peor momento posible”.
Fijo, ayudas y consumo
Sobre el cambio de tarificación del factor fijo de
disponibilidad de agua en las viviendas Márquez explicó en
el Pleno que su intención no era otra que cambiar un modelo
“obsoleto” de regulación que data de 1975 y que dividía a
las viviendas en función de su equipamiento sanitario por
otro “más coherente y ligado a la capacidad económica del
usuario” que mezcla el calibre del contador con el tipo de
calle donde está ubicado el inmueble sin distinguir
particulares de comercios.
Simplificando, y teniendo en cuenta que en el centro están
las casas que tenían mejor catalogación y también las calles
con mayor categoría fiscal, así como en el Príncipe sucede
lo contrario, en el primer caso la subida del factor fijo en
el primer caso con el contador más pequeño es de 20 céntimos
(de 7,80 a 8 euros), mientras que el segundo supera,
exenciones aparte, el 300% (de 1,4 a 5 euros).
Además, introduce un factor variable en función del consumo
que sí hará pagar más a las familias que consuman por encima
de la media, o sea, “más de 20 metros cúbicos”.
El nuevo modelo, explicaron fuentes de la Ciudad al término
del Pleno, no prevé más que un “leve” incremento de la
recaudación que, en cualquier caso, “se vería compensado por
las bonificaciones establecidas para las familias numerosas
o con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, de entre el
50% y el 90%”. La Administración calcula que esta medida,
que afectará a 2.000 unidades de convivencia, le ‘costará’
200.000 euros en aras a una mayor “justicia social”, según
indicó Márquez.
Ni a Ramírez, que le acusó de ser “pícaro” y de “encubrir”
la subida “sin sensibilidad alguna”, ni a Ali le
convencieron los argumentos de Márquez, al que UDCE-IU
aventuró “lágrimas” en los hogares y una “revuelta” popular
cuando se reciban los primeros recibos con los
“estratosféricos” nuevos precios. El consejero, al
contrario, previó “sonrisas” en las caras de los
bonificados.
Tres euros por tanque
Si para el agua Márquez habló de justicia social para la
modificación del IPSI en lo referente a Hidrocarburos y
servicios de televisión, telecomunicaciones y similares se
refirió a la “corresponsabilidad fiscal” y a la necesidad de
ser “solidarios” con el resto del Estado.
En el primer caso el gravamen ha pasado de ser una cuota
fija que no se modificaba desde 1997 a una variable ligada
directamente (al 50%) a la tarifa vigente a nivel nacional.
En el segundo pasa del 3% a un 8%, también la mitad que en
el resto del Estado.
A la oposición la propuesta le sonó a más de lo mismo:
gravar con más impuestos a empresas y ciudadanos para
cuadrar las cuentas del Gobierno.
“La propuesta”, defendió Márquez, “prevé un incremento de la
recaudación y su aprobación supone un ejercicio de
corresponsabilidad fiscal: los gastos corrientes y de
inversión precisan de mayores ingresos y el incremento de
estos últimos es activado por la misma administración
responsable del gasto”, argumentó antes de decir que la
modificación serviría para que los ceutíes sean “más
conscientes” de los beneficios de la fiscalidad local y más
“solidarios” con el esfuerzo económico que se está haciendo
en el resto del Estado.
Ali rechazó la idea por “las mismas razones”: “No es el
momento de subir impuestos”, dijo. Ramírez, por su parte,
acusó al Ejecutivo de promover un nuevo REF mientras recorta
el diferencial de ventajas fiscales con la Península, a lo
que el consejero les respondió que pecaban de “incoherentes”
y de vagos: “Aún estoy esperando su opinión sobre el
borrador de reforma”, les reprochó con la sola respuesta de
UDCE-IU (“la pelota está en su tejado”, le contestó Ali).
En cualquier caso el consejero defendió que ambas medidas no
dañarán la actividad económica y señaló que su repercusión
en el bolsillo del usuario dependerá de qué manera repercuta
el sector privado ambos incrementos en el coste final del
producto. Se espera que dicho correlato sea limitado: el
propietario de un vehículo con un tanque de combustible
medio (40 litros) pagará entre 2,80 y 3,4 euros más por
llenarlo.
En el de los servicios los teléfonos y televisores, como
insunó Ali, no se encarecerán. Sí podría subir el coste de
la línea de telefonía móvil si la competencia no es capaz de
absorber el aumento impositivo, como prevé la Ciudad que
ocurra al menos en parte, aunque la oposición no da a tales
pronósticos credibilidad alguna.
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sesion plenaria en la asamblea
