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La propuesta de Convenio Colectivo que las secciones
sindicales en el Ayuntamiento de la Unión General de
Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han entregado
a la Viceconsejería de Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma para su negociación, incluye un apartado en el que
se propone que, al igual que ocurre con los agentes de la
Policía Local, se resarza a los empleados públicos de la
Administración local que sufran atentados contra su
patrimonio por la especial condición de su trabajo. Tal
sería el caso de los trabajadores de los centros de menores,
especialmente del reformatorio de Punta Blanca, donde esta
semana a uno de ellos, por ejemplo, le incendiaron la
motocicleta.
La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento recordó ayer,
a colación del atentado contra el patrimonio de un
trabajador del Centro de Reforma de Menores de Punta Blanca
que ya venía soportando sucesos de este tipo, que la
propuesta de Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador que la
Viceconsejería de Recursos Humanos de la Ciudad tiene sobre
su mesa incluye una medida para dar una especial protección
a los empleados públicos ante actuaciones de esta clase, tal
y como ocurre, por ejemplo, con los agentes de la Policía
Local.
Así, en el artículo 58 de dicho Convenio, en su apartado
séptimo, introduce que “cuando se produzca un daño en el
patrimonio de un empleado público, sin que éste venga
obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o
vínculo jurídico, la Ciudad deberá resarcirlo, si se cumplen
los requisitos legales para ello”.
Dichos requisitos legales serían tres: la efectiva realidad
de un daño material individualizado y económicamente
evaluable; que sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, en una relación directa y
exclusiva e inmediata de causa o efecto, cualquiera que sea
su origen; y que no se haya producido por fuerza mayor y que
no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del
tiempo que fija la ley.
Para ello, no obstante, será necesario probar que los daños
causados son consecuencia directa del ejercicio de sus
obligaciones como empleado público de la Ciudad y que los
autores del daño son desconocidos.
Tal podría ser el caso de un trabajador del Centro de
Reforma de Punta Blanca, que tras haber sufrido continuos
pinchazos de las ruedas y rayones en la chapa de su coche,
tuvo finalmente que comprarse un garaje. Sin embargo, esta
semana dicho empleado público se encontró con que le habían
quemado la motocicleta, provocando además daños en la
fachada del edificio frente al cual estaba estacionada.
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petición
