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Diez de cada 100 habitantes del planeta son
discapacitados. El 80 por ciento vive en países en vías de
desarrollo, pero el otro 20 por ciento no está tan integrado
como se piensa. En España la política social de Zapatero
pregona las buenas formas y el fondo adecuado pero escasean
los instrumentos monetarios para ponerla en práctica. Como
en todos los ámbitos de la vida, los menores son los más
débiles y la UNED estudia en uno de sus cursos de verano
esta situación con ponentes expertos en el asunto. La nueva
Ley de Autonomía y Dependencia es una gran semilla aún sin
germinar. Las demandas nacionales de este tipo de ayudas
apenas alcanzan el 0,4 por ciento en Ceuta y Melilla.
Pregunta.- ¿Son imprescindibles las organizaciones hoy en
día para defender los intereses de los discapacitados o la
administración ya va supliendo esta necesidad?
Pedro Fernández Santiago.- No son sólo imprescindibles sino
que sin ellas no habría la política social que existe en la
actualidad. Sin ellas no podríamos haber realizado los
ajustes necesarios para que la Ley de Autonomía y
Dependencia tuviera el éxito que tiene.
P.- Hasta hace relativamente poco una persona con
discapacidad era incluso ocultada en la trastienda del
hogar. ¿Hemos avanzado lo suficiente o aún queda camino por
recorrer?
P. F. S.- Las cosas han cambiado para bien. En materia de
discapacidad España ha dado un salto de gigantes. Cualquier
ciudadano sabe que existe transporte adaptado, que una mujer
con silla de ruedas no puede vivir en un sexto piso y que
los niños merecen las mismas oportunidades tengan o no
discapacidad pero siguen estando en muchos casos invisibles
y con los derechos mermados. ¿De qué vale tener una rampa si
un coche impide su paso a la acera? ¿De qué sirve tener
plazas de aparcamiento para minusválidos si las ocupan
otros? No tenemos materias económicas para hacer efectivo
todo esto. ¿De qué nos vale una ley si no podemos ponerla en
marcha? Es maravillosa la nueva ley pero si no podemos
atender a nuestros dependientes de una manera ágil y eficaz
no nos sirve para nada. Vivimos en un momento económico
complejo y tenemos un gobierno que se precia de darse golpes
en el pecho sobre la importancia de la política social que
queda en el olvido ante luchas partidistas entre las
comunidades y la gestión política. Esto debe terminar y
aunar esfuerzos por trabajar en el mismo sentido.
P.- ¿Cómo?
P.F.S.- Diciendo a los que nos representan que el pueblo les
ha elegido para poner en marcha las políticas necesarias
para hacer felices a las personas y cubrir sus necesidades
básicas. Diciéndoles que se dejen las peleas para el
parlamento y no para ir en contra de los derechos de los
ciudadanos porque para eso no les pagamos.
P.- ¿Qué derechos tiene un menor discapacitado y en qué
varían de los del resto de niños?
Respuesta Claribel de Castro.- No se diferencian, son los
mismos pero el problema es que los niños con discapacidad
tienen mayores dificultades para hacerlos efectivos. De ahí
la necesidad de establecer mecanismos para permitir que esos
niños ejerzan los derechos en las mismas condiciones.
P.- ¿Cuáles son esos mecanismos?
C.C.- En el ámbito internacional existe la Convención sobre
los Derechos del NIños del año 89 y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad adoptado en 2006.
Unas comisiones garantizan esos derechos. En la primera
convención se hace referencia a la igualdad educativa por
ejemplo y en la segunda se habla ya de proteger esos
derechos.
P.- ¿Cuál es la gran asignatura pendiente en este
aspecto?
C.C.- La asignatura pendiente es el siguiente paso porque la
convención de 2006 supone un texto que se enfoca de manera
global y es establecer mecanismos específicos y especiales
que promuevan los derechos de los niños con discapacidad, ya
que son los más vulnerables e implica unas mayores
obligaciones por parte del Estado. El origen de las
sociedades actuales son los niños y el futuro de la
integración real son esos niños con discapacidad. Crear un
mecanismo específico que promocionara y protegiera los
derechos de los niños con discapacidad.
P.- Le ha tocado hablar sobre las políticas de bienestar
social dirigidas a discapacitados. La retórica de los
políticos la conocemos, pero ¿y su aplicación?
José Daniel Pelayo.- El problema es la distribución
competencial y la aplicación de las políticas requieren un
presupuesto general y dinero para que se pongan en marcha.
La clave es que las personas están empezando a tener un
marco legislativo que permite una integración pero en
realidad se sufre la carencia de dinero para estos programas
que se agrava con la distribución de competencias en las
comunidades autónomas.
P.- ¿Y cómo andamos en Ceuta en cuestión de demanda de
este tipo de ayudas?
J.D.P.- En Ceuta y Melilla el número de solicitudes
representa un 0,30 por ciento del total de peticiones para
ayudas del total que se han realizado en el país. No sé si
es porque existen pocas personas que necesitan estas ayudas
o porque el procedimiento para solicitarlas es muy
farragoso. Unas 2.900 personas han solicitado las ayudas
previstas en la Ley de Autonomía y Dependencia y se han
realizado a junio de 2009 unos 2.600 trámites correctamente.
De todas ellas han sido beneficiarias aproximadamente unas
1.800 personas.
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CURSOS DE VERANO DE LA UNED
