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El tiempo es ese juez
incorrompible que da y quita razones. La da a quien la razón
le ampara y la quita a quien o quienes ejercitan el ambígüo
e irresponsable juego del uso e interés personal por lo
público en cualquiera de sus variopintos escenarios.
Sin ambages. El hecho de sellar, certificar el final de obra
de las viviendas de promoción pública de Monte Hacho y
recepcionarla a continuación, junto con la separata añadida
al proyecto original para la ejecución inmediata de la
continuación del último bloque de 41 viviendas pendientes de
construcción, da la razón a las administraciones públicas
(Ministerio de la Vivienda y Ciudad Autónoma-Emvicesa) sobre
cómo se ha llevado el proceso de ejecución de esas VPP,
solventando todo tipo de imprevistos surgidos como
consecuencia de la problemática geológica con la que las
máquinas se toparon una vez realizadas todas las previsiones
presupuestarias.
Pese a las críticas vertidas desde elementos de la
prehistoria política de Ceuta, con demostradas aptitudes
curriculares patentes alejadas del bien general, la Ciudad y
la Administración General del Estado han mostrado con
señorío que el no hacer aprecio era el mejor de los
desprecios y, al ritmo previsto, en función de las
decisiones adoptadas en conjunto y coordinados, ayer mismo
tuvo continuidad la promoción de VPP de Monte Hacho. Los
hechos son evidentes y patentan la simpleza, a veces, de las
situaciones frente al enrevesado imaginario que es común
entre los protagonismos arcaicos y santones jupetirianos de
los que los ceutíes, pese a sus insistentes demostraciones
democráticas, no se libran.
Viviendas sí, centenares son las que los ceutíes necesitan.
El camino seguido, en un ejercicio de macro responsabilidad
política entre el gobierno central y el autonómico
(bendecido recientemente por el bien hacer local desde la
Administración General del Estado como ejemplo en España en
materia de viviendas públicas), debe seguir siendo el mismo
por el bien general de los ceutíes, que es de lo que se
trata.
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OPINIÓN / EDITORIAL
