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Mientras el PP critica abiertamente la propuesta del
Gobierno sobre financiación autonómica y muchas de sus
autonomías votarán en contras, la Ciudad Autónoma se plantea
abstenerse. Un hecho que para Cristóbal Montoro es
“comprensible” porque el Partido Popular “conoce”, dada la
situación económica de algunas de sus autonomías, que el
respaldo al modelo presentado “es un mal menor”. Aún así,
Márquez, el consejero de Hacienda de la Ciudad puede votar
abstención.
La Ciudad Autónoma de Ceuta permanece a la espera de conocer
desde Madrid lo que le toca del pastel del reparto de los
nuevos fondos en funión del nuevo modelo de financiación
autonómica previsto y que diseña el gobierno central, aunque
sabe ya que la cifra oscilará entre los 13 y los 15 millones
de euros.
Para la Ciudad, el que no haya noticias aún “es una buena
noticia” ha dicho recientemente el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, entre otras cosas ha asegurado que no existe
ningún tipo de “controversia” con el Estado por la falta de
datos sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, y
ha expresado su deseo de obtener una respuesta “favorable”
por el Gobierno de la Nación. De hecho, Juan Jesús Vivas ha
detallado que desde la reunión con el ministro de Política
Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel
Chaves, celebrada el 22 de mayo en Ceuta, “no hemos tenido
más comunicación al respecto” sobre este asunto..
Vivas siempre ha defendido que el Estado debe tener en
cuenta las “peculiaridades” de Ceuta por su reducida
superficie territorial, su condición de frontera sur de la
UE y su alta densidad de población
A nivel general, y a este respecto, la vicepresidenta
primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha
reiterado que el Gobierno cerrará el acuerdo sobre el nuevo
modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) que convocará la próxima semana.
“Estamos muy cerca”, subrayó De la Vega en declaraciones a
Onda Cero recogidas por Europa Press, donde volvió a
insistir una vez más en que el acuerdo contentará a todas
las comunidades autónomas porque se basará en un modelo “más
justo y equilibrado”.
La vicepresidenta primera del Gobierno no quiso dar la cifra
final que presentará el Ejecutivo en el CPFF, y recordó que
lo más importante es que detrás de las cifras están la
educación, la sanidad o los servicios sociales de las CC.AA.,
que son las cosas que realmente importan a los ciudadanos.
Rechazó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, haya negociado y pactado la partida que se
destinará a Cataluña “a espaldas” del resto de las CC.AA., y
aseguró que el Gobierno está haciendo un ejercicio “absoluto
de transparencia”.
“No es verdad que Zapatero pacte la financiación catalana a
espaldas de nadie”, aseveró De la Vega, quien recordó que la
vicepresidenta económica, Elena Salgado, habla con todos los
consejeros y presidentes autonómicos sobre esta materia. “El
debate es con todos y el acuerdo es con todos, cosa que no
ocurrió en el pasado”, criticó.
En este sentido, rechazó d plano la tesis que defienden
algunos al decir que Cataluña es la CC.AA. más insolidariza
de España, y consideró “una irresponsabilidad” que la
derecha española use esta idea como argumento en la
negociación. “Ni los catalanes son así, ni el sistema es
así”, aseveró, tras recordar que, durante los últimos años,
Cataluña ha aportado más que el resto de regiones.
Asimismo, aseguró que el sistema se basará en un criterio de
“absoluta transparencia” en el que todas las comunidades
sabrán lo que reciben ellas mismas y lo que reciben las
demás. “Se va a saber todo, habrá transparencia total”,
subrayó De la Vega quien, sin embargo, consideró “lógico y
legítimo” que en los últimos momentos de una negociación tan
difícil se produzcan ciertos “estirones”.
“El Gobierno tiene en cuenta las necesidades de todos los
ciudadanos y las habla con sus representantes políticos
porque tenemos que armonizar las de todos”, señaló la
vicepresidenta primera, que insistió una vez más en que el
acuerdo permitirá poner en marcha un modelo “más justo y
equilibrado” que hará ganar a todas las CC.AA. provocado que
haya más igualdad y más medios.
Qué es el sistema de financiación
Es la forma que tienen la Administración central y los
Gobiernos autonómicos de valorar cuánto dinero necesitan las
comunidades para cubrir sus competencias (sanidad y
educación son las más importantes) y con qué recursos
financiar esas necesidades. El sistema, que distribuyó más
de 114.000 millones en 2007, incluye a todas las comunidades
autónomas, salvo País Vasco y Navarra, que tienen un régimen
de financiación específico (el régimen foral). Ceuta y
Melilla tienen un tratamiento especial en el sistema.
¿De dónde sale el dinero?
Como la inmensa mayoría de los recursos públicos, el dinero
viene de forma directa o indirecta de la recaudación de
impuestos. Las comunidades disfrutan ya de una serie de
tributos cedidos totalmente por el Gobierno (los que gravan
el juego o las transacciones inmobiliarias, por ejemplo).
Además, se cede una parte de la recaudación de los
principales impuestos. Hasta ahora, era el 33% del IRPF, el
35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales, como los
que gravan el alcohol, la gasolina y el tabaco. En el nuevo
modelo, esa cesta se ampliará para sostener la ampliación de
recursos reconocida a las comunidades, que recibirán el 50%
de IRPF e IVA y el 58% de impuestos especiales. La tercera
pata es el fondo de suficiencia: son transferencias que hace
el Gobierno para cubrir la diferencia entre lo que se
destina a las comunidades de la recaudación de impuestos y
la necesidad de financiación que se les reconoce. En el
sistema aún en vigor, las necesidades teóricas de Madrid y
Baleares se cubrían sólo con impuestos.
¿Qué es la nivelación?
Es una de las principales novedades de la reforma. En el
nuevo sistema, una parte importante del dinero (alrededor
del 75%) se distribuirá entre las comunidades con el
objetivo de que todas logren el mismo nivel de financiación
por habitante. Con esta medida se pretende garantizar que
los ciudadanos de todas las comunidades tengan acceso al
mismo nivel de prestaciones de servicios públicos básicos
(educación, salud, servicios sociales). Y al mismo tiempo se
acota la solidaridad
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aportaciones del estado
