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La Delegación del Gobierno ha iniciado el procedimiento de
expropiación de las parcelas afectadas por el proyecto de
construcción del nuevo centro penitenciario de Ceuta. De
acuerdo con la resolución del delegado del Gobierno, José
Fernández Chacón, que se publica hoy en el Boletín Oficial
del Estado, los propietarios, arrendatarios o demás
interesados si los hubiera deberán personarse en la sede de
la institución, en la plaza de los Reyes, el próximo día 30
a las horas que se señalan para cada caso.
En total, se trata de 13 parcelas, cuatro de ellas,
propiedad de Makerel Medioambiental, sociedad que gestiona
el vertedero de inertes de la ciudad y otras dos
pertenecientes, respectivamente, a las empresas Hoarce
Hormigones y Áridos y Maquinaria Hidalgo e Hijos. Otra de
las propiedades es de titularidad pública, en concreto,
adscrita al patrimonio de la Ciudad Autónoma. En el caso de
las otras cinco parcelas figuran diversos propietarios
privados, habiéndose citado hasta a 26 personas, titulares o
herederos de las fincas.
Tal como se explica en el anuncio, las obras de construcción
de nuevos centros penitenciarios están declaradas como de
“utilidad pública” por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1988. En el caso de la prisión ceutí,
Instituciones Penitenciarias inició la tramitación del
expediente de expropiación forzosa de los terrenos, situados
entre los cerros de Mendizábal y la Mora, el pasado 19 de
junio. El trámite definitivo para iniciar el procedimiento
llegó por parte del Consejo de Ministros, que el 19 de junio
declaró de “urgencia” la ocupación de bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras y ante la “necesidad
inmediata” de iniciar la construcción.
El objeto de la comparecencia solicitada a los propietarios
afectados es el “levantamiento del acta previa a la
ocupación”, en la que se describirán cada una de las fincas
y se harán constar “todas las manifestaciones y datos que se
apunten y sean útiles para determinar los derechos
afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los
perjuicios determinados por la rápida ocupación”.
La expropiación de los terrenos dejará vía libre al comienzo
de las obras, toda vez que el movimiento de tierras está,
tal como adelantó este diario el pasado día 10, adjudicado
ya provisionalmente. La adjudicataria del proyecto es la es
la Unión Temporal de Empresas (UTE) Construcciones y
desmontes Ribera Navarra, S. A. y Compactaciones y
Nivelaciones Pardo, S.L., cuya oferta rebajó casi a la mitad
el presupuesto base de licitación, que ascendía a 13,4
millones de euros.
Tal como se ha señalado desde la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Penitenciarias (SIEP) su intención es que
el terreno esté preparado a comienzos de 2010.
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LA CIUDAD 
