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sociedad - DOMINGO, 2 DE AGOSTO DE 2009

 

Nulidades, matrimonios y separaciones en Ceuta

Las dos caras de una misma moneda

CEUTA
Cristina Marzán

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El número de divorcios, de separaciones y de nulidades matrimoniales ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el número de divorcios ha aumentado un 47% y el de separaciones matrimoniales en más de un 50%, lo que significa que muchos menores estarán ingresando en situaciones para las cuales pueden no estar preparados. Y aunque pensemos que es mejor que la pareja se separe de que continúen viviendo situaciones conflictivas de convivencia, indudablemente una separación afectará a los hijos.

El caso de Ceuta no es uno de los más preocupantes si se observa la estadística nacional; en el año 2006, se produjeron 232 divorcios, 54 separaciones y ninguna nulidad. Mientras que en 2007, el número de divorcios alcanzó los 259 casos, las 24 separaciones y continuó sin producirse ninguna nulidad matrimonial, según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Conceptos como el de nulidad, separación y divorcio que, a veces, se confunden, pero comienzan a conocerse cuando ya se introduce el término de custodia haciendo referencia al cuidado de los hijos.

Según la terminología jurídica, el divorcio consiste en la disolución del vínculo matrimonial en vida de ambos cónyuges por efecto de una decisión judicial constitutiva, en respuesta a una situación de crisis matrimonial. Por otro lado, la separación matrimonial se produce cuando se suspende la convivencia de los cónyuges y del resto de los efectos del matrimonio. Y cabe distinguir dos casos: la separación de hecho es el mero cese de la convivencia entre los esposos con ánimo de interrumpir de forma definitiva la vida conyugal; mientras que la separación legal o de derecho, es la declarada judicialmente suspendiendo los efectos del matrimonio y disolviendo el régimen económico, afectando las relaciones paternofiliales. Por último, y sin conocerse ningún caso en la ciudad autónoma durante los años 2006 y 2007 según los datos del INE, la nulidad matrimonial es el supuesto en el que el matrimonio deviene ineficaz por faltarle alguno de los requisitos esenciales que deben concurrir en el momento de su celebración.

Una vez se han producido alguno de estos casos, entran en juego la separación de bienes muebles e inmuebles y la custodia de los hijos. Dos situaciones que pueden crear malestar entre las partes involucradas si no hay un buen acuerdo mutuo o una relación cordial entre ellos. En el caso específico de la ciudad autónoma, y según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayoría de divorcios y separaciones se saldan con la custodia de los menores a la madre. Concretamente, en 2007 se produjeron 259 divorcios de los cuales en 120 casos la custodia fue para la madre, en 8 casos para el padre y sólo cuatro accedieron a la custodia compartida. En los otros 127 restantes, los hijos ya no eran menores de edad o quedaron bajo la guarda y custodia de terceras personas. En el caso de las separaciones, los resultados no difieren mucho con respecto a lo expuesto anteriormente. De las 24 separaciones que se produjeron en 2008, en 13 casos la custodia fue para la madre mientras que para el padre o compartida, el resultado fue cero.

Pero más allá de las cifras, están las historias personales; historias que representan las dos caras de una misma moneda que va dando vueltas en beneficio del hombre o de la mujer ya que, en los tiempos que corren, la sentencia judicial siempre queda en interrogante.

A modo de ejemplo, el caso del ceutí Benito Zapatero que ha visto cómo sus más de treinta años de matrimonio han acabado “en los juzgados, con denuncias falsas de mi ex mujer por malos tratos de los que fui absuelto y todo, por la separación de los bienes gananciales”, explicaba. Zapatero vive actualmente en la localidad gaditana de Chiclana mientras que su ex pareja sentimental continúa en el domicilio familiar amparada por las medidas provisionales de la Ley contra la Violencia de Género. El pasado 16 de junio debían sentarse para presentar el inventario para el posterior reparto de los bienes ganaciales, aunque no fue así. “El juzgado ha retrasado la cita hasta diciembre y sólo me han explicado que es verano, con mucho trabajo y que debemos esperar hasta entonces. Me siento coartada porque estoy sin poder vender ni compara nada y tengo escasos ahorros. Y ahora la Justicia, que supuestamente sirve para aclararlo todo, me limita mi vida porque no tienen trabajadores. Ella vive como una señora y yo, fuera de mi casa y de mi ciudad sin saber ya a qué atenerme”, expresaba el ceutí.

Con un giro de 180 grados, la historia de la segunda mujer en Ceuta a la que el juez ha retirado la custodia de sus hijas después de decretar el divorcio entre los cónyuges. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 declaró el pasado miércoles la disolución del divorcio de Rahama Abdeselam en el que además atribuyó al padre de sus tres hijas menores, la guarda y custodia de las mismas, quedando la patria potestad compartida entre ambos progenitores. Pero Rahama, durate seis meses, carecerá de esta última debido a un procedimiento penal en el que fue condenada. “Me parece increíble la decisión de la Justicia. He presentado mi perfil psicológico en el que me han maltratado, testigos que aseguraron en el juicio que sólo vivo por mis hijas y que llevo luchando años por tener su custodia. Si esto es la Justicia, no creo en ella”, concretaba.

Poco común y sólo existentes cuatro casos en la ciudad autónoma, son las resoluciones judiciales que se saldan con la guarda y custodia compartida de los menores en un proceso de divorcio. Resoluciones que poco a poco van equilibrando una balanza de derechos entre hombres y mujeres en toda España que se ha puesto de manifiesto hace escasos días a través de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se ha establecido la guarda y custodia compartida de dos menores de uno y tres años de edad.
 

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