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El Sistema Sanitario español es un
sistema público y gratuito del que cualquier ciudadano
extranjero, una vez está empadronado en el ayuntamiento del
municipio donde reside habitualmente, se puede beneficiar de
la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el
resto de ciudadanos nacionales, que pagan con sus impuestos
el mantenimiento de dicha red. Los españoles, también en
Ceuta, pese a las múltiples quejas que constantemente se
escuchan, debemos ser conscientes de las muchas virtudes de
nuestra Sanidad pública, considerada en no pocos informes
como una de las mejores del mundo a pesar de que, como todo,
es mejorable y compete a las Administraciones el seguir
manteniendo unos niveles de inversión equiparables al resto
de países de nuestro entorno para que su calidad no se
deprecie. Sus virtudes parece que son, a veces, más
valoradas fuera de nuestras fronteras que dentro. Y no sólo
en países donde, como en Marruecos, no existe nada parecido.
En las zonas de mayor actividad turística del país,
especialmente la Comunidad Valenciana y la Costa del Sol, la
llegada de foráneos que aprovechan su estancia en España
para someterse a determinados tratamientos médicos va en
constamente aumento. La atención sanitaria a desplazados
(turistas nacionales y extranjeros) cuesta a los valencianos
17 millones de euros al mes y 200 al año. No debe extrañar,
a la luz de esta comparación, que el número de extranjeros,
fundamental y mayoritariamente marroquíes, que son atendidos
por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta
también sea alto. Prestan dicha asistencia es una de las
obligaciones que, como país desarrollado económica y
éticamente, debemos asumir. La obligación del Gobierno
central, que es quien tiene las competencias en la ciudad,
es garantizar que ese extra de demanda no repercuta
negativamente sobre los pacientes nacionales ni sobre la
carga de trabajo de los profesionales. Si se consigue se
evitarán recelos sobre ‘el otro’ que nunca traen nada bueno.
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OPINIÓN / EDITORIAL
