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Todos los ciudadanos podrán a partir de ahora solicitar al
Estado que evalúe y acredite oficialmente su cualificación
profesional cualquiera que hubiera sido la forma de su
adquisición.
Se trata de una medida para favorecer la educación y la
formación profesional y contribuir a la consecución de los
objetivos de la Unión Europea para fomentar el
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. Todo ello, con el fin de facilitar la
empleabilidad de los ciudadanos, la movilidad, fomentar el
aprendizaje a lo largo de la vida y favorecer la cohesión
social, especialmente de aquellos colectivos que carecen de
una cualificación reconocida.
La gestión de este sistema se descentraliza en las
Autonomías, a las que corresponderá la convocatoria y
gestión de los procesos de evaluación y acreditación de
competencias. Sin embargo, la Administración General del
Estado se reserva la capacidad de convocar estos procesos en
aquellos supuestos excepcionales en los que no pueda
llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperación o
coordinación por requerir un grado de homogeneidad que sólo
pueda asegurarse mediante atribución de un único titular,
que forzosamente ha de ser el Estado.
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cualificación profesional
