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Si la sentencia resultara condenatoria, la anterior
presidenta de la Asociación Vecinal del Pueblo de San
Antonio tendría que abonar al constructor de dicha
urbanización un total de 2.400 euros por las manifestaciones
vertidas en un programa radiofónico el pasado mes de febrero
en la que le acusaba de tener a los compradores “sin
licencia viviendo allí con luz y agua de obra sin cédula de
habitabilidad”. El constructor reiteró que “no hizo ninguna
obra sin licencia”.
Las dos partes implicadas en el proceso insisten en que “se
ha destapado la caja de pandora”. Eso es lo único que tienen
en común. Porque la acusada corrobora que “sigue sin
ejecutarse el Plan Urbano de Poblado de San Antonio tal y
como se acordó”. Y porque el denunciante repite que “no va a
pasar por el aro del Ayuntamiento e ingresar dinero en
taquilla cada vez que requiero las cédulas de
habitabilidad”.
El constructor de la urbanización del Poblado de San Antonio
afirma que si finalmente gana el juicio “el dinero irá para
una ONG” pero lo que no va a permitir es “que se atente
contra mi honor”.
Todo comenzó hace unos meses, concretamente el pasado
febrero, cuando el denunciante se encontró con unos
conocidos: “Me vieron por la calle y me dijeron que esta
señora me había puesto verde en un programa de radio”. El
denunciante consiguió la cinta de grabación y, tras
comprobar que la anterior presidenta de Poblado de San
Antonio, “me acusaba de no tener licencias”, decidió
acusarla él ante la Justicia por injurias y falsedades.
No pretendía injuriar
La acusada ha insistido en que ella “no pretendía injuriar
en ningún momento” sino “poner de manifiesto el sentir y
desazón de los vecinos del Poblado hartos de esperar cédulas
de habitabilidad y de que no se cumpla el Plan Parcial
estipulado”. ¿Las razones? La acusada argumentó que “no es
experta pero que sin el permiso del Ayuntamiento no puede
llevarse a cabo y faltan esos permisos”.
El gerente de la constructora ha insistido durante la vista
en que él a los compradores de las viviendas “les explicó
que el Ayuntamiento debe conceder los permisos, pero como no
quiero pasar por caja registradora me tardan dos años y,
mientras, opto por vender las casas a menor coste y si es
cierto que utilizan luz y agua de obra”, pero que “nunca
construyó sin licencias”. El abogado de la denunciada
insistió tras la vista en que “no debe juzgarse una
equivocación semántica porque mi clienta no sabe si es una
licencia de primera ocupación una cédula de habitabilidad” y
recordó que “las licencias de hace 20 años se quedan
descolgadas y el mismo promotor reconoce que las cédulas de
habitabilidad no existían, sino permisos basados en acuerdos
finales de obra que terminan ajustándose”. Por su parte, el
constructor insiste en su inocencia y en que “siempre hubo
licencias”.
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denuncia
