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UDCE-IU encendió ayer la primera hoguera política del curso
denunciando que la Ciudad ha concertado desde que comenzó la
legislatura créditos por valor de más de 200 millones, lo
que según sus cálculos le obliga a pagar más de 7 al año en
intereses. Para corregirlo, Ali amenazó al Gobierno con
denunciarle al Tribunal de Cuentas y a la Delegación, aunque
de esta última tiene “pocas esperanzas” de que haga algo.
Por la tarde, el consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
esgrimió “documentación oficial” para rebatir el “panfleto”
de Ali, que según dijo sólo da pie a contar “medias verdades
y falsedades tergiversadoras”.
Meses después de su última gran jarana con el Gobierno, con
el que en mentideros políticos interesados se le atribuía
una sospechosa benevolencia, el líder de la oposición en la
Asamblea, Mohamed Ali (UDCE-IU), volvió ayer a la trinchera
para disparar contra todo lo que se mueve. Cargó contra
Hacienda por “embargar [sic] a la Ciudad hasta 2020”;
arremetió contra la Delegación del Gobierno por su presunta
falta de control sobre la gestión del Ejecutivo de Vivas;
puso en tela de juicio la capacidad de Secretaría General,
Intervención y Tesorería de la Ciudad para actuar con
independencia y volvió a hablar de la existencia de práctias
de nepotismo y enchufismo desconocidas “incluso en la época
del GIL” [ver páginas 8 y 9]”.
El grosor y el volumen de sus críticas y sus denuncias fue
tal que sólo una hora y media después de que abandonase la
Sala de Prensa de la Asamblea el Gobierno convocó de nuevo a
los medios en el mismo escenario para dar una respuesta
“adecuada y apropiada en tiempo y forma”, según dijo Márquez
por la tarde, a su intervención.
“Queremos denunciar la política económica del PP”, había
dicho Ali a mediodía, “porque a la vista de la larga lista
de operaciones crediticias financieras que ha concertado en
lo que va de legislatura no podemos hacer otra cosa más que
llevarnos las manos a la cabeza”.
Según el portavoz de UDCE-IU en el Pleno, que presentó un
cuadro de elaboración propia para sustentar sus
afirmaciones, sólo durante los últimos 33 meses el Gobierno
del PP habría solicitado “un montante total de 204,4
millones de euros”.
“Esta cifra”, contextualizó Mohamed Ali, “supone casi un
presupuesto anual de la Ciudad Autónoma, y eso que no hemos
incluido ni los dos planes de saneamiento recientemente
puestos en marcha ni las inversiones que se pagarán por el
‘método alemán’ [los tres aparcamientos subterráneos y la
rehabilitación del Teniente Ruiz, cuya inversión, superior a
los 40 millones de euros, adelantan los bancos hasta el
final de las obras, en 2011, cuando se comenzará a
amortizar]”.
Además, según sus propios cálculos a la luz del tipo de
interés de cada operación, Ali cifró el montante total de
dinero que la Ciudad destina anualmente a pagar intereses en
7,6 millones de euros. Un despropósito de imprevisibles
consecuencias ante el que, explicó, su grupo se propone
“tomar medidas” para evitar “males mayores”.
Cuando Márquez tuvo acceso al contenido de la comparecencia
de Ali sus números le dejaron perplejo. “Estupefacto”,
confesó estar ante los periodista. Papel por papel, el
consejero pasó a la prensa tres hojas del Plan de
saneamiento que se llevó a Pleno en julio: “Son oficiales,
públicas y firmadas, no elaboradas ad hoc ni anónimas como
el panfleto presentado esta mañana”, comparó.
De acuerdo con sus números, certificados por la Tesorería el
pasado 15 de julio, la deuda viva de la Ciudad asciende
actualmente a 71,6 millones y los intereses que se abonarán
al final de 2009 no no llegarán a 1,7 millones.
¿Dónde está la discrepancia? Según Márquez, en que lo que
dijo Ali son “medias verdades y falsedades” de naturaleza
“temeraria, tergiversadora, indocumentada, inconsistente e
irresponsable” teñidas de un “supuesto rigor documental que
no es tal”. Pese a la crudeza de sus palabras, el consejero
eludió hacer un juicio de intenciones y atribuyó su origen
al “desconocimiento supino” que según dijo tiene Ali de las
cuentas públicas y de su funcionamiento.
Churras con merinas
Y es que a su juicio el de UDCE-IU no controla lo que domina
cualquier comerciante mezcla churras con merinas, pólizas de
crédito [que se pagan antes de un año y no computan como
carga financiera] con créditos, “conceptos heterogéneos que
no pueden equipararse”, y le sale lo que le sale.
El titular de Hacienda no fue tampoco del todo sincero. En
el Gobierno cunde la certeza de que la convocatoria de Ali
de ayer lo fue para hablar por boca de otros o, más
concretamente, de su nuevo socio extraparlamentario, el PSPC
de Juan Luis Aróstegui, al que el Ejecutivo suele atribuir
el mismo vicio que imputó Márquez a UDCE-IU, el de la
“denuncia por la denuncia, irresponsable al extremo y
enloquecida”.
“Exijo”, se plantó Márquez, “que todas las críticas al área
de Hacienda se basen en la documentación necesaria proque no
se puede jugar con el crédito y el futuro de Ceuta y de esta
institución”, avisó antes de condensar en tres puntos las
virtudes financieras de la Ciudad: a) “acreditada seriedad y
rigor con solvencia y prestigio ante los bancos”; b)
“garantía de liquidez sin demoras más allá de lo razonable
ante los proveedores”; y c) “capacidad de atender nuestras
propias obligaciones”.
El panorama que había pintado Ali por la mañana era
diametrametalmente opuesto: “Los bancos se están llevando en
forma de intereses más de mil millones de pesetas que
podrían destinarse a paliar nuestras tasas de pobreza, paro
o infravivienda, líderes nacionales”, lamentó el portavoz de
UDCE-IU, que se despachó contra la Delegación por no hacer
“nada” para poner coto a la ludopatía bancaria que imputa a
la Ciudad.
Al Tribunal de Cuentas
“No sé si están en Babia o si el Gobierno de la Nación, en
Ceuta, es como el del PP”, se preguntó el líder de la
oposición ante la prensa, a la que recordó que ni la
secretaria general ni el interventor ni el tesorero
municipal tienen la correspondiente habilitación nacional.
“Volveremos a ponerlo en conocimiento de la Delegación,
aunque viendo su nula capacidad de trabajo va a ser difícil
que hagan algo”, apuntilló Ali. “No obstante, por encima
está en Madrid, y si hace falta llegaremos allí”, amenazó.
Algo parecido hizo, más explícitamente, con el Tribunal de
Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica del Estado y del sector público,
dependiente de las Cortes. “Vamos a recopilar toda la
documentación necesaria para trasladársela y que investigue
lo que está ocurriendo”, adelantó.
Ambas intenciones le parecieron “de risa” a Márquez “si no
fuera por el descrédito institucional que entrañan”. A los
tres funcionarios los defendió a capa y espada como ejemplos
de “reconocido prestigio” labrado “desde antes de que Ali se
dedicase a la política” gracias a su “honestidad,
independencia y responsabilidad”. Sobre lo de la Delegación
y el Tribunal de Cuentas el consejero volvió a aludir a la
ignorancia de su adversario.
“¿Es que no sabe que cada año se remite al Ministerio de
Hacienda y al Tribunal de Cuentas toda la documentación?”,
se preguntó. “¿Es que no conoce la diferencia entre las
instituciones?”, inquirió en relación con el aviso a la
Delegación. “¿No está al tanto de lo que dice la Ley de
Estabilidad Presupuestaria?”, hilvanó. “Debería aprenderlo”,
remachó.
Visiblemente enfadado, el consejero negó también que exista
la más mínima posibilidad de que, como dejó caer Ali, la
Ciudad pueda no tener capacidad para pagar al día las
nóminas del funcionariado. “Ya dijo lo mismo en junio del
año pasado y, como ocurrirá en este ejercicio, en el que ni
siquiera hay tensiones con las horas extraordinarias ni con
el personal temporal, nunca ocurrió”, recordó antes de
calificar de “desahogado” el estado de las arcas municipales
gracias a las “valientes decisiones adoptadas por este
Gobierno durante un año difícil como el actual para
garantizar la salud de las cuentas de la institución a
corto, medio y largo plazo”.
“Exijo respeto y una rectificación o, como mínimo, que UDCE-IU
demuestre sus críticas con documentos válidos, firmados y
confrontables, no con panfletos”, concluyó Márquez. A última
hora de la tarde Ali dijo no tener la menor intención de
hacer tal cosa: “La documentación aportada procede de las
actas plenarias de los últimos tres años y no está firmada
porque la he entregado yo públicamente”, replicó subrayando
lo obvio. “Reuniremos todos los datos que podamos e iremos
al Tribunal de Cuentas porque el Gobierno le mandará
información, pero no sabemos si toda”, terminó.
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créditos
