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ACTUALIDAD - JUEVES, 8 DE OCTUBRE DE 2009


lugar para la nueva cárcel. f. raso.

infraestructuras
 

La ocupación del suelo expropiado para la cárcel se formaliza el día 13

El levantamiento de las actas previas tuvo
lugar el pasado mes de julio y la próxima semana concluirá el procedimiento para
hacer uso de las 13 parcelas afectadas
 

CEUTA
Tamara Crespo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La gestión administrativa del proceso de construcción de la nueva cárcel de la ciudad tendrá la próxima semana un nuevo e importante paso en la formalización de las actas de ocupación de los terrenos expropiados en la zona donde irá ubicado. En total fueron 13 las parcelas objeto de expropiación forzosa, declarada de urgencia por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio. Tras la valoración de cada una de ellas, se formarán las actas con las que se da por finalizado el procedimiento.

El instrumento legal de la expropiación forzosa por razones de utilidad pública, empleado por la Administración General del Estado en el caso del proyecto de construcción de la nueva cárcel de Ceuta, dará sus frutos en apenas cuatro meses con la firma de las actas de ocupación de las parcelas afectadas, prevista para la próxima semana. Según ha podido saber este diario de fuentes implicadas en el procedimiento, la reunión de la comisión encargada de gestionar las expropiaciones tendrá lugar el próximo martes, día 13.

Fue el Consejo de Ministros del 19 de junio pasado el que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, reconoció “la utilidad pública específica de la finalidad a la que han de afectarse los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en Ceuta”. Asimismo, se declaró su “urgente ocupación”, por considerarse que era preciso “realizar, a la mayor brevedad posible, las obras necesarias para poner en funcionamiento dichas instalaciones y descongestionar ese área territorial”.

Aunque finalmente fueron 13 las parcelas a cuyos propietarios se citó en la Delegación del Gobierno para el levantamiento de las actas previas, que se llevó a cabo en los últimos días de julio, en el momento de la aprobación de su expropiación por el Consejo de Ministros se cifraban en 16. Según los mismos datos, los terrenos afectados sumaban una superficie de unos 335.000 metros cuadrados calificados como suelo rústico de secano y valorados en 1.340.000 euros.

De las 13 parcelas objeto de esta expropiación forzosa, cuatro son propiedad de la empresa Makerel Medioambiental, que gestiona el vertedero de inertes, y otras dos pertenecen, respectivamente, a Hoarce Hormigones y Áridos y Maquinaria Hidalgo e Hijos. Otra de las propiedades está adscrita al patrimonio de la Ciudad Autónoma y en el caso de las otras seis parcelas figuran diversos propietarios particulares, habiéndose citado por parte de la Delegación hasta un total de 26 personas, titulares o herederos de las fincas. Una vez escuchados todos ellos y valoradas las fincas tendrá lugar la firma de las actas definitivas.
 


Adjudicada la dirección de obra por 866.000 euros

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, informó ayer de la adjudicación provisional a la UTE integrada por las compañías Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. y el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A., de la dirección de obra para la construcción del centro penitenciario de Ceuta. El importe de la adjudicación es de 865.962,00 euros (sin incluir impuestos) y el contrato es en concreto para “la dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de construcción del Centro Penitenciario, carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras complementarias del Centro Penitenciario y del Centro de Inserción Social de Ceuta”.

Esta nueva adjudicación se produce un día después de la principal, correspondiente a la construcción tanto de la penitenciaría como del centro de inserción social e instalaciones de seguridad. En este caso, el contrato, por importe de 82.668.841,57 euros (sin incluir impuestos), ha correspondido a la Unión temporal de Empresas (UTE) formada por empresas Corsán- Corviam Construcciones, S.A., Isolux Ingeniería S. A. y Watsegur, S.A.

Esta inversión se suma a los 7,5 millones de presupuesto del movimiento de tierras, que comenzó hace un par de semanas. Además, se ha convocado el procedimiento abierto para el control de calidad de la obra, con un presupuesto de licitación de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
 

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