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La firma de las actas de ocupación y “oferta de mutuo
acuerdo” para la ocupación de los terrenos expropiados con
la finalidad de construir la nueva cárcel comenzó ayer y se
prolongó durante toda la jornada. Al cierre de esta edición,
desde la Delegación del Gobierno, donde tal como adelantó
este diario la pasada semana, tuvieron lugar las reuniones
con los afectados, se consideraba que, como en el caso del
levantamiento de las actas previas, este trámite podría
requerir de dos jornadas de trabajo.
El acto al que estaban convocados ayer las empresas,
instituciones y particulares propietarios de las 13 parcelas
que han sido expropiadas, corresponde a la “percepción del
depósito previo y la indemnización por los perjuicios
derivados de la ocupación rápida”.
Entre los primeras citaciones estuvieron, en la mañana de
ayer, las correspondientes a las empresas Makerel, Hoarce y
Maquinaria Hidalgo, así como la Ciudad Autónoma, una de las
que, tal como pudo saber este diario de fuentes próximas al
proceso, no aceptó la valoración presentada por la
Administración General del Estado para una superficie de
cerca de 20.000 metros cuadrados a expropiar.
Los afectados que no estén de acuerdo con la indemnización
establecida tienen la posibilidad de acudir al Jurado de
Expropiación para solicitar que se revise la valoración de
las parcelas.
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