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					La Delegación del Gobierno en Melilla negó ayer el elevado 
					índice de condenas registrado en la ciudad el año pasado 
					tenga relación alguna con las tasas de seguridad ciudadana, 
					ya que ambas cuestiones son objeto de una valoración 
					distinta por parte del Ministerio de Justicia y el 
					Ministerio del Interior, respectivamente. 
					 
					A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno, 
					Gregorio Escobar, subrayó ayer el “altísimo porcentaje” de 
					efectividad policial que están obteniendo las Fuerzas y 
					Cuerpos de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de 
					casos y detenciones. 
					 
					Según los últimos resultados obtenidos por la Policía 
					Nacional y la Guardia Civil, “la persona que comete un 
					delito en Melilla tiene un porcentaje altísimo de 
					posibilidades de que va a ser detenida”, dijo Escobar. 
					 
					En el caso del Instituto Armado, el delegado del Gobierno 
					recordó que su índice de resolución de casos superó el 70 
					por ciento el año pasado. 
					 
					Este éxito policial en el esclarecimiento de casos es mucho 
					más evidente en los delitos graves, ya que “todas las 
					personas que los han cometido han sido detenidas”. 
					 
					Sin embargo, el índice de condenas es una medición realizada 
					por el Ministerio de Justicia en función de los procesos que 
					se han desarrollado en la ciudad, puntualizó Escobar. 
					 
					Según el delegado del Gobierno, el hecho de que Melilla 
					registrara en 2008 la segunda tasa más alta de España en el 
					número de condenados no quiere decir que ese año hubiera más 
					delitos o detenidos, ya que “los procesos no tienen por qué 
					haber empezado en 2008, sino que pueden haberlo hecho mucho 
					antes”. 
					 
					“La condena es el resultado final de un proceso que puede 
					haberse extendido durante muchos meses”, recordó Escobar, 
					que alabó el “trabajo coordinado” que realizan las Fuerzas 
					de Seguridad del Estado y la Justicia “para que aquellas 
					personas que son detenidas, de ser culpables tengan su 
					correspondiente pena”. 
					 
					En definitiva, “se trata de que cuando se comete cualquier 
					tipo de delito, los ciudadanos tengamos la seguridad de que 
					la persona sea detenida”, concluyó.  
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