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El diputado a Cortes por Melilla, Antonio Gutiérrez,
manifestó ayer su "profunda contrariedad", ante el rechazo
por el pleno del Congreso de los Diputados de la Proposición
No de Ley por la que el Grupo Parlamentario Popular instaba
al Gobierno a considerar como "autoridad pública" en el
ejercicio de su función a los docentes. Gutiérrez considera
que con las medidas que hasta ahora se han puesto en marcha,
“no han servido para nada”.
El representante de Melilla en la Cámara Baja subrayó que la
consideración de 'autoridad pública' de los maestros y
profesores es un asunto que "lo hemos tratado desde diversas
perspectivas y siempre hemos encontrado la oposición del
Grupo Parlamentario Socialista y los grupos satélites". "Sin
ir más lejos -añadió- en la anterior legislatura defendí la
modificación de los artículos del Código Penal, que fueran
necesario para que las agresiones o acosos a los docentes y
personal sanitario, se consideraran delitos".
Por ello Antonio Gutiérrez apuntó que "hay que partir de la
base que sin un mínimo sentido de la autoridad y de la
disciplina en las aulas es inútil toda labor pedagógica y
desde luego se producen desmotivación e incluso miedo entre
los docentes para desarrollar su labor diaria".
El diputado afirmó que tanto la Proposición No de Ley que
fue derrotada en el Pleno del día 27 como la que siguió la
misma suerte en la Legislatura anterior, eran unos elementos
decisivos para la protección jurídica de los docentes ante
las agresiones que "un día sí y otro también se producen en
las aulas", no sólo desde el punto de vista físico sino
desde el menoscabo a la dignidad de los profesores y de su
función docente.
Para el parlamentario melillense se ha perdido "otra vez más
una oportunidad de hacer comprender que la función docente
es básica para que las generaciones que salgan de las aulas
tengan una educación de acuerdo con un momento en el que la
competitividad y la excelencia son los valores por los que
se rigen las sociedades de nuestro entorno.
Asimismo el diputado nacional, criticó al Gobierno por "no
hacer valer un instrumento legal como la Ley Orgánica de
Educación, que contempla la posibilidad de modificar las
medidas de apoyo al profesorado.
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