|
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) acusó al presidente del
Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, de “evadir su
responsabilidad de dar explicaciones” tras los informes
emitidos por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre los
ejercicios de 2004 y 2005, que desvelan, a juicio de la
formación upedista, una serie de “irregularidades” cometidas
por la Ciudad Autónoma en esos años.
En rueda de prensa, el coordinador territorial de UPyD en
Melilla, Emilio Guerra, lamentó la actitud de Imbroda, que
“quita importancia a los informes del Tribunal de Cuentas
diciendo que sólo son recomendaciones” y, “lejos de aclarar
las muchas dudas que se pueden extraer de su lectura, lo
único que hace es descalificar”.
Guerra puntualizó que los informes del TC “no son
recomendaciones”, sino “incumplimientos que derivan en una
irregularidad”, además de algunas “ilicitudes” por la falta
de documentos que consta en algunos de los informes de este
organismo.
Entre el “catálogo de incumplimientos y evidencias” que,
según dijo, se extiende a lo largo de los informes del
Tribunal de Cuentas, Guerra destacó la presentación de las
cuentas de 2004 y 2005 fuera de plazo, o la falta de las
memorias justificativas del coste de rendimiento de los
servicios públicos, lo cual incumple la Ley de Haciendas
Locales.
Asimismo, Guerra apuntó que los informes también indican que
la Ciudad Autónoma no ha rendido cuentas del Consorcio
Melilla Puerto XXI, y que faltan “un elevado número de
contratos”, de modo que “se incumple la obligación de
remitirlos de oficio”.
Según los informes, tampoco se puede verificar el grado de
avance de los proyectos ejecutados con cargo a los Fondos de
Compensación Interterritorial “porque no están concretados,
sino difuminados en otras partidas”.
De igual modo, Guerra se hizo eco del informe en el que se
hace constar los “elevados importes en gastos diversos y
corrientes sin los desgloses obligatorios”, así como la
falta de un contrato sobre la modernización integral
telemática, cuyo importe se eleva a casi 1,3 millones de
euros.
Sin embargo, Guerra se detuvo especialmente en el informe
del TC en el que se apunta que los concursos de adjudicación
“no se establecieron criterios de valoración, ofertas y
adjudicación” sin respetar “los principios de baremación,
publicidad, transparencia y objetividad”.
|
union progreso y democracia
