|
Las leyes de la física, desde tiempos remotos, han reflejado
que el valor probatorio de los experimentos que luego
resolverían problemas de la humanidad tenían su fundamento
en la acción-reacción de los compuestos de una fórmula.
De manera similar y extendiéndolo al campo de las ciencias
sociales y humanas, se suscitan las interpretaciones
personales cuando de un hecho que atañe a un gran porcentaje
de población depende la libertad de uno o varios individuos.
Tal ha sido el caso de las diversas partes que participaron
en el enjuiciamiento de la ‘Operación Transpor’, saldada con
la absolución de los doce imputados por parte del tribunal
de la Audiencia Provincial. Una sentencia que ha caído bien
a los letrados de la defensa por su brillante éxito
profesional pero que comienza a hacer sus estragos dentro
del Cuerpo Nacional de Policía e incluso del Ministerio
Fiscal.
Más de seis meses de investigación con traductores,
grabaciones, diligencias e informes; todo un operativo
trasladado de un litoral a otro del Estrecho de Gibraltar,
una persecución aérea a través de un dispositivo coordinado
entre Ceuta y Málaga...
Un operativo que logró que más de una tonelada de hachís no
sirviese para engrandecer el bolsillo de grandes jefes que
aprovechan las desgracias ajenas para enriquecerse y atacar
la salud de todo un pueblo. Por eso ayer, ellos, los
policías, los que abogan por la seguridad del Estado,
lamentaban que meses de trabajo y medios disponibles para
atacar el narcotráfico quedasen en la nada por una
resolución judicial, la segunda en menos de un mes que
mantiene la teoría de la lesión de los derechos
fundamentales que recoge la Constitución para proceder a la
libertad de quienes parecían los artífices de un hecho
delictivo.
Y es en este punto donde cabe recordar ese fundamento
jurídico adoptado por el tribunal de la Audiencia Provincial
de Cádiz en Ceuta el que dio lugar a la absolución de los
imputados de la ‘Operación Transpor’ y la crítica del Cuerpo
Nacional de Policía: la ilegitimidad de las intervenciones
telefónicas realizadas por la UDYCO que además estuvieron
autorizadas por un juez instructor. Dato que al Cuerpo le ha
causado sorpresa y resquemor cuando, durante la
investigación, obtuvieron los permisos pertinentes para
pinchar los móviles que dieron lugar a numerosas detenciones
y el comiso de varios fardos de droga en la playa de
Estepona.
Pese a todo, el derecho como tal se basa en la
interpretación de las leyes, y más que eso, en la lectura
subjetiva de los que trabajan por que se cumplan castigando
a aquellos individuos que se enfrentan a la autoridad de
nuestro cuerpo legal. Y este fue el argumento escogido por
el Ministerio Fiscal para interpretar la resolución de dicha
sentencia que concede el beneficio de libertad a doce
personas, y que podría replantearse recurrir ante el
Tribunal Supremo.
|
OPERACIÓN TRANSPOR
