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El gerente de Emvicesa, Antonio López, ha disipado todas las
dudas sobre la adjudicación de las 225 viviendas protegidas
de Loma Colmenar y asegura que entre cuatro y seis de ellas
serán adjudicadas a personas con discapacidad sobre las que
pesa un expediente de realojo. Si en este grupo no existen
personas con minusvalía, se buscará a otros ciudadanos que
sí la padezcan para que ocupen estos pisos.
El gerente de la empresa municipal de viviendas (Emvicesa),
Antonio López, ha zanjado la polémica generada por un vecino
de Benzú aquejado por una discapacidad física, Antonio
Anillo, en torno a la adjudicación de las 225 viviendas que
se acaban de construir en Loma Colmenar.
Antonio López aseguró a EL PUEBLO que, como resulta
preceptivo por ley, la promoción cuenta con entre cuatro y
seis viviendas destinadas a personas con discapacidad. Sin
embargo, no se ha creado ningún cupo específico para este
segmento de población porque la adjudicación de estos pisos
sociales ha sido determinada por la Comisión Local de
Viviendas entre un sinfín de expedientes y atendiendo a los
compromisos de realojo adquiridos con determinados
ciudadanos que vivían en condiciones infrahumanas.
López explicó que entre estos expedientes de realojo se
encuentran varios ciudadanos discapacitados que ocuparán
estas viviendas adaptadas. “Si no se adjudican todos los
pisos adaptados por este procedimiento porque no haya
bastantes personas discapacitadas en el cupo, se buscará a
otras que sí lo sean para que los ocupen”, apuntó López.
El gerente apuntó que la Ley obliga a que una de cada
sesenta viviendas de protección oficial sea destinada a
personas discapacitadas. Las solicitudes para optar a una
piso protegido pueden entregarse en Emvicesa durante todos
los días del año para que se tengan en cuenta en las
sucesivas promociones.
Antonio Anillo, al igual que las organizaciones de
discapacitados, lleva años luchando para que se amplíe el
porcentaje de viviendas reservadas a este colectivo en las
promociones públicas. Pero, de momento, la ley es la que es.
Se da la situación de que este ciudadano ya obtuvo en 1993
una vivienda de protección oficial en la calle Ejército
Español, pero cuando se divorció de su primera mujer en 1997
el piso quedó en manos de ésta y de los hijos de ambos,
según el relato ofrecido por el mismo afectado.
Sin embargo, Anillo volvió a contraer matrimonio hace ocho
años y en la actualidad comparte en Benzú una vivienda
alquilada de no más de veinte metros cuadrados con su suegra
y su nueva esposa, embarazada de siete meses. El vecino es,
en la actualidad, pensionista.
En todo caso, en lo que sí ha dado la razón a Anillo el
gerente de Emvicesa es en la cantidad de barreras
arquitectónicas que posee el edificio que la empresa
municipal posee en la calle Teniente Olmo. El vecino recordó
que el viario de acceso al edificio, situada junto al
Mercado Central y de gran tránsito, no supera apenas el
metro de ancho. La escalinata para subir al rellano tiene
ocho peldaños y carece de antideslizante y el ascensor es
tan estrecho que no cabe en él una silla de ruedas.
Antonio López continuó admitiendo a este periódico que sigue
siendo un compromiso el trasladar la actual sede de Emvicesa
a un inmueble adaptado a las circunstancias de necesidad
actuales.
El vecino criticó también que el convenio suscrito con el
Ministerio estipulaba la construcción de 600 viviendas antes
de 2010. Sin embargo, hasta la fecha sólo se han construido
las 225 casas referidas.
Sin embargo, Emvicesa tiene poco que hacer a este respecto
porque las promociones las está construyendo el SEPES, que
depende de la Administración central. “Si me hubieran dado a
mí el dinero ya estarían todas las promociones terminadas.
Pero no ha sido así”, concluyó López.
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