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Once personas, entre ellas cuatro ceutíes, se sentarán en el
banquillo de los acusados de la Audiencia los días 2, 3 y 4
de febrero por su presunta implicación en una red de
inmigración ilegal en la que algunos indocumentados eran
menores de edad. Por ello, la Fiscalía solicita penas de
hasta 13 años de prisión, para los supuestos jefes de la
organización, y 11 años para los que designa como meros
integrantes de la misma, acusados todos de un delito
continuado contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
sentará en el banquillo de los acusados a once personas, de
las cuales cuatro son de Ceuta, los próximos días 2, 3 y 4
de febrero por su presunta implicación en una red de
inmigración ilegal, que el Ministerio Fiscal ha calificado
en sus conclusiones provisionales como un delito continuado
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Por tales hechos, la Fiscalía solicita 13 años de prisión
para los dos supuestos “jefes, administradores o encargados
de la organización”, mientras que para los otros nueve
imputados pide 11 años de cárcel en concepto de “meros
integrantes de dicha organización” ya que algunas de las
personas indocumentadas interceptadas en 2005 eran menores
de edad.
Relato del Ministerio Fiscal
Tras las investigaciones efectuadas por los funcionarios de
la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación
del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF), dedujeron que había
un grupo de personas que, previo acuerdo e integradas en una
organización, introducía de manera ilegal en España a
personas indocumentadas de origen marroquí, desde Marruecos
hasta Ceuta, y desde Ceuta hasta Algeciras.
La mayoría de ellas eran menores de edad y las hacían pasar
por hijos propios en algunas ocasiones aunque, en otras,
utilizaban documentación de otras personas o falsificadas,
siempre a cambio de una cantidad de dinero no determinada
que cobraban a sus familias en Marruecos y a través de un
reparto de funciones entre todos los supuestos integrantes
de la red. Esta, según acusa la Fiscalía, se encontraba bajo
las directrices de dos presuntos líderes que dirigían a los
otros nueve imputados, aunque existen otros presuntos
participantes que no han sido incluidos en este
procedimiento.
Investigación policial
Ante tales hechos, se solicitó al Juzgado de Instrucción
número 5 la autorización para intervenir el teléfono de la
supuesta cabecilla de la organización, concedida en agosto
de 2005 y prorrogada en septiembre y octubres. Así como del
presunto líder en octubre del mismo año. Gracias ello,
determina la representante del Ministerio Fiscal en su
escrito de conclusiones provisionales, logró descubrirse
cuál era el modus operandi de la supuesta organización así
como la existencia de algunos “pases” inminentes que iban a
realizarse, por lo que se pusieron en marcha dispositivos de
vigilancia y seguimiento con objeto de frustrara dichas
actividades delictivas así como de proceder a la detención
de los procesados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Imputaciones
A los presuntos responsables de la organización, el
Ministerio Fiscal les atribuye las instrucciones al resto de
miembros, la coordinación de los “pases”, contactos con los
inmigrantes y el acompañamiento de los mismos.
A una tercera imputada, la función de acompañar a otros
componentes de la red a Marruecos, captar inmigrantes y su
conducción hasta Ceuta, además de introducir a los menores
en el barco haciéndolos pasar por sus hijos y contactar en
Algeciras con las personas que desplazarían a los
indocumentados hasta sus lugares de origen. El cuarto
acusado llevaba a cabo los tratos para la materialización de
los pases y el quinto, recogía a los inmigrantes para
conducirlos a otros puntos como Sevilla en un Ford Focus. El
hermano de este, sexto imputado, trasladaba también desde
Algeciras a los inmigrantes.
La séptima imputada tenía la supuesta misión de tener en su
domicilio de la ciudad autónoma a las personas que iban a
intentar pasar a la península. Mientras que el octavo,
propietario de una pensión de Algeciras, conocía la
situación de ilegalidad y ocultaba clandestinamente a estas
personas. Los dos últimos, tabién se ocupaban de pasar a los
inmigrantes en su vehículo.
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Imputan a los 11 acusados un delito continuado
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Según el Ministerio Fiscal, los
hechos investigados son constitutivos de un delito
continuado contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, previsto y penado en el artículo 318 del Código
Penal en relación con el artículo 74 del mismo texto legal.
Por ellos, la Fiscalía pide 13 años de prisión para dos de
los acusados a los que designa como “jefes, administradores
o encargados de la organización; mientras que para los otros
nueve solicita 11 años de cárcel en concepto de “meros
integrantes de la mencionada organización”. Para el acto del
juicio oral, la representante fiscal ha solicitado el
interrogatorio de los once procesados, la declaración de 10
agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrados a la UCRIF,
dos personas más como testigos, y la reproducción de las
grabaciones obrantes en la causa.
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INTRODUCCIÓN ILEGAL EN ESPAÑA DE
PERSONAS INDOCUMENTADAS DE ORIGEN
MARROQUÍ
