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Los menores detenidos por los agentes del Servicio de
Atención a la Familia (SAF) negaron ante la Fiscalía los
hechos denunciados por dos niñas que supuestamente fueron
agredidas sexualmente en su propio colegio. De momento, esta
es la calificación provisional que el fiscal mantiene de lo
sucedido a expensas de la toma de declaración a las
presuntas víctimas, prevista para los próximos días. El
Ministerio público no ha decretado medidas cautelares contra
los detenidos.
El Ministerio Fiscal no ha decretado la adopción de medidas
cautelares para los menores detenidos por los agentes del
Servicio de Atención a la Familia (SAF) por su presunta
relación con la agresión sexual a dos alumnas de su propio
centro escolar.
Según ha podido saber EL PUEBLO, los menores no han
reconocido los hechos en la toma de declaraciones efectuadas
ante el fiscal el pasado viernes, y las últimas, el martes.
Por ello, y tras calificar de manera provisional el suceso
como agresión sexual, no ha sido necesario decretar el
internamiento en un centro cerrado para los encausados.
Fuentes de la Fiscalía informaron de que los hechos no
tenían la gravedad de un abuso sexual, que implica violencia
física y su posterior ingreso en un centro, pero “los
tocamientos no fueron consentidos y se ejerció intimidación
sobre los mismos”. Por ello, el Ministerio público esperará
que las dos menores declaren y ratifiquen las diligencias
policiales en los próximos días para formular su escrito de
acusación, que hasta la fecha señalará el delito de agresión
sexual, y posteriormente, el juicio oral.
Tal y como especifica la legislación que regula la
responsabilidad penal de los menores, aclarada además por el
titular del Juzgado de Menores de la ciudad, el protocolo a
seguir en este tipo de casos es, en primera instancia,
practicar la prueba que determine qué tipo de delito se ha
podido cometer. “Dentro del título contra la libertad e
indemnidad sexual de los menores, pueden ser de diversa
índole y diferente en grados: agresión, abuso, prostitución,
violación. Cuando se habla de agresión en el Código Penal de
los adultos, las penas pueden oscilar desde uno hasta cuatro
años de cárcel; en menores ocurre lo mismo, se incrementan
las medidas”, puntualizó el magistrado.
El que se hubiese ejercido violencia, o no, sobre las
menores, también es otro aspecto que se toma en especial
consideración cuando se formulan denuncias en este ámbito.
“En cuanto de emplea la fuerza, los menores van directamente
al régimen cerrado una vez que la Fiscalía haya adoptado la
medida cautelar correspondiente. Pero siempre debemos tener
en cuenta que en la legislación del área de menores no se
busca retribución y castigo, sino la medida para reeducar al
delincuente y la que corresponda mejor al interés del mismo,
determinada siempre por el grupo técnico de psicólogos,
trabajadores sociales y resto de profesionales”, añadió el
juez.
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Los hechos se produjeron en el IES Siete Colinas
La denuncia de los profesores a
quienes las jóvenes intimidadas acudieron para exponer las
amenazas y la situación que vivían, así como la de los
propios padres, movilizó al Servicio de Atención a la
Familia dependiente de la Brigada de Policía Judicial de la
Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Todos los hechos se
venían produciendo en el IES Siete Colinas a donde
pertenecen todos los menores. La Policía tuvo conocimiento
de los acontecimientos el pasado día 15 y, después de
contactar con los propios padres y profesores, se pudo
identificar a los presuntos autores de los ‘tocamientos’ sin
consentimiento y bajo amenazas con las que ejecutaban sus
andanzas un grupo de 12 menores de los que 6 han sido
detenidos y pueden enfrentarse a una acusación de agresión
sexual por parte de la Fiscalía.
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