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El representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
ayer nueve meses de prisión, dos años de prohibición de
tenencia de armas y otros dos de alejamiento e
incomunicación a la presunta víctima para un hombre acusado
de un delito de quebrantamiento de condena.
Por su parte, el letrado de la defensa pidió la absolución
de su cliente mostrando una orden por la que la medida
cautelar supuestamente infringida por el acusado había sido
suspendida por el juzgado.
Los hechos se produjeron el 21 de enero en las inmediaciones
de la frontera del Tarajal cuando el procesado y su esposa
se disponían a cruzar la zona pero un agente de la Policía
Nacional los detuvo al comprobar que sobre el hombre pesaba
una orden de alejamiento hacia su acompañante.
“Ninguno me mostró el documento ni me comentó que había
comparecido ante el juzgado para anular la medida. Entonces,
el protocolo marcaba la detención a seguir en estos casos”,
aclaró el policía.
Por su parte, la mujer confesó seguir casada con el acusado
y padre de sus cinco hijos; motivo por el que había
solicitado días antes ante el juzgado competente, que la
resolución judicial quedase suspendida. Versión que fue
corroborada por el imputado que alegó desconocer que el
alejamiento estuviese vigente después de haber solicitado
sus suspensión ante el magistrado junto a su esposa.
Tras las conclusiones de la Fiscalía y el letrado de la
defensa, el juicio quedó visto para sentencia.
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