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política - VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2010


juan manuel doncel. fidel raso.

sesión plenaria ordinaria en la asamblea
 

Doncel insiste en que la GIUCE no supone gasto ni ‘absorbe’ Acemsa

La oposición votó en contra de la propuesta de Estatutos del organismo por las “dudas” sobre la posibilidad de que tenga un coste y acerca de las competencias que asumirá
 

CEUTA
Tamara Crespo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El debate de la propuesta de aprobación inicial de la Memoria y Estatutos de la Gerencia de Urbanismo (GIUCE), que salió adelante con los 19 votos a favor del Grupo Popular, tres en contra de UDCE y PSOE y la abstención de IU, se centró en la posibilidad de que genere un gasto adicional y en la asunción de las funciones relativas a las obras que lleva a cabo la empresa pública del Agua, Acemsa, que serán “dirigir, seguir y controlar” las mismas, y cuyo personal, aclaró, no pasará a la Gerencia.

El consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, apoyado en sus argumentos por el presidente de la Asamblea, Juan Jesús Vivas, reiteró ayer en el pleno en relación con la propuesta de creación de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIECE), que la iniciativa no supondrá un gasto adicional a las arcas públicas, algo que ya argumentó cuando el Gobierno anunció, hace unos meses, la iniciativa.

Funciones de Acemsa

Por otra parte, y ante las dudas planteadas por la oposición, aclaró que el nuevo organismo autónomo no va absorber al personal de la empresa municipal del agua, Acemsa, y que entre las competencias de esta en materia de obras que va a asumir como parte de sus funciones, según los estatutos aprobados ayer inicialmente, no se encuentra la de “contratar” las mismas, sino las de “dirigirlas, seguirlas y controlarlas”. Se trata, puntualizó, de una “extinción parcial de unas funciones de Acemsa”. La propuesta de aprobación inicial de la Memoria y los Estatutos de la GIUCE recibieron el visto bueno del pleno con los 19 votos a favor del Grupo Popular, 3 en contra de UDCE y PSOE y la abstención de IU.

En la presentación de su propuesta, Doncel argumentó que el objetivo de la constitución de este organismo es lograr “una mayor racionalización, agilidad y eficacia en la gestión”, así como una “especialización técnica y simplificación administrativa” en materia de planeamiento y urbanismo. Todo ello se realizará, afirmó, sin que suponga un gasto extra, pues la iniciativa “se ajusta al plan de austeridad y contención del gasto aprobado el pasado año” y su personal “proviene de la plantilla de la Ciudad”. Para esta plantilla se ha contemplado, indicó el responsable de Fomento, una estimación de gasto de unos 635.000 euros semestrales, “ligeramente inferior al de los servicios prestados en la actualidad directamente por la Consejería”.

El portavoz de UDCE, Mohamed Alí, comenzó su turno de palabra asegurando que la constitución de este organismo representa “empezar la casa por el tejado”, y ofreciendo al consejero el apoyo de su grupo en caso de que quisiera “reclamar las competencias que se retiraron a la Ciudad en época del GIL”, que le corresponden, dijo, por estar recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Además, afirmó que el Ejecutivo no tiene modo de garantizar que en un futuro, “cuando los sindicatos negocien el convenio” del nuevo organismo autónomo, no se producirá un incremento de los costes de la plantilla. En tercer lugar, señaló Alí que el hecho de absorber personal de otros servicios y empresas municipales puede suponer, “como en el caso de otros organismos autónomos”, una “funcionarización encubierta”.

Competencias

Para la portavoz del PSOE, Inmaculada Ramírez, tampoco es el “momento” de crear este organismo “partiendo de la base de que no tenemos competencias”. Por otra parte, pidió al consejero un “compromiso” de que la GIUCE no supondrá “un aumento de los costes estructurales”.

Doncel replicó que el debate competencial es distinto de este asunto y tras recalcar que “la potestad del planeamiento urbanístico es de la Ciudad, no del Estado”, afirmó que este momento de “fluidez” en las relaciones con la Administración General del Estado (AGE) no es el apropiado para reclamar unas competencias que no están retiradas, aclaró, sino “limitadas”.
 

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