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El representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
ayer una pena de seis años de prisión para otro de los
imputados en la ‘Operación Marinas’, que defendió ser
inocente ante el tribunal de la Audiencia reconociendo que
por aquella fecha tenían diagnosticado un trastorno mental
derivado de su grave adicción a las drogas por lo que el
letrado de la defensa alegó que “pusieron a su nombre las
embarcaciones intervenidas sin que él tuviese conocimiento
de ello”.
Se declaró inocente y alegó desconocer que hubiese comprado
las embarcaciones que la Guardia Civil decomisó en su
momento “aunque las pusieron a mi nombre sin yo saberlo
puesto que yo no tenía dinero, era adicto a las drogas y me
diagnosticaron trastorno mental”. Estas fueron las palabras
de un hombre sentado ayer en el banquillo de los acusados de
la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado
con la famosa ‘Operación Marinas’.
Para el imputado, el representante del Ministerio Fiscal en
la ciudad solicitó una pena de seis años de prisión y una
elevada cifra económica en concepto de responsabilidad civil
defendiendo que el procesado adquirió entre 1997 y 2001,
cuatro embarcaciones sin tener bienes para hacer frente a
sus pagos y deduciendo que procediesen y se incorporasen a
actividades delictivas, en este caso, relacionadas con el
narcotráfico. Del mismo modo, el fiscal expuso que
concurrían los hechos necesarios para que se condenase al
imputado: “incremento del patrimonio poniendo en práctica
actividades delictivas, inexistencia de negocios lícitos,
sin actividad laboral retribuida y su relación con el
tráfico de estupefacientes ya que la Guardia Civil expuso su
relación con personas a las que se detuvo con 1.000 kilos de
hachís”.
Por su parte, la defensa pidió la absolución de su cliente
con un argumentado basado en las pruebas periciales que
constataron que el imputado era toxicómano cuando
supuestamente adquirió las lanchas en 1999, y al mismo
tiempo, el IMSERSO le había valorado un 65% de minusvalía
tras observar el diagnóstico de trastorno mental. Además,
“en aquella fecha era fácil adquirir y matricular
propiedades naútcias tan sólo con una documentación en mano
por lo que mi cliente y debido a sus circunstancias, era
perfecto para que esta organización se aprovechara de él y
pusiera las embarcaciones a su nombre sin él tener
constancia de ello”, postuló el letrado defensor.
En calidad de testigo, declaró uno de los agentes de la
Guardia Civil, que expuso que en los informes elaborados por
dicho cuerpo llamaba la atención que el acusado nunca
hubiese subido a las lanchas cuando en el club naútico era
necesaria la documentación del patrón o un poder notarial
que diera permiso a todo aquel que utilizase el vehículo
marítimo. “No existe prueba de que mi defendido apareciera
en los alrededores de la lancha y que estuviese relacionado
con las personas que navegaron en la misma”, añadió la
defensa, quien solicitó que en caso de condena se aplicase
el atenuante de dilaciones indebidas y el de drogadicción.
El juicio quedó visto para sentencia.
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juicio
