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Para explicar por qué el año pasado terminó “con la menor
llegada de inmigrantes en patera en una década” (EL PAÍS, 31
de diciembre de 2009) hay que ir a buscar explicaciones más
allá de las cámaras con sensores e infrarrojos de los
perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, hasta donde no
pueden llegar ni los radares del Sistema Integrado de
Vigilancia del Estrecho (SIVE), que ya alcanzan hasta
Levante, y más lejos aún que las embarcaciones del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil
“La realidad migratoria es mucho más complicada de lo que
parece. No basta con focalizarla exclusivamente en torno a
los migrantes que logran alcanzar nuestras fronteras”,
advierte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
en su informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2009’, en
el que concluye que “la vigilancia de las costas y la
implementación de crecientes y férreos controles en las
fronteras que cercan el Sahel tienen sin duda, a nuestro
modesto entender, mayor importancia que los propios
controles en las costas y aguas por parte de España y el
Frontex [que el año pasado gastó 88,8 millones; 35 dedicados
a operaciones en el mar y 15 a España específicamente]” para
entender por qué el número de inmigrantes detenidos antes de
llegar a las dos ciudades autónomas se quedó el año pasado
en 1.108 personas, según datos del Ministerio del Interior,
el más bajo desde 2006, cuando se interceptó a 2.000.
El informe de la APDHA, convertido ya en un clásico anual en
forma de retrospectiva del fenómeno migratorio en Andalucía
y las dos ciudades autónomas, constata ese “importante
descenso de personas detenidas”, que se interpreta como “un
reflejo del conjunto de la realidad” sobre cuyas causas “hay
no pocas versiones”, aunque en el caso de las dos ciudades
autónomas reconoce que “con la cooperación cada vez más
intensa de Marruecos, disminuyen los intentos de entrada por
Ceuta y Melilla”.
Entre esos argumentos la asociación recoge el que atribuye
la caída de los detenidos “a la situación de crisis global
que padecemos” o esa otra que apunta “principalmente a la
eficacia en los controles de fronteras que se están
desarrollando por España y la Unión Europea”, aunque se
queda, por su trascendencia, con “los procesos de
externalización en el control de fronteras y la creciente
corresponsabilización de países terceros, tanto de origen
como de tránsito, en la misma” por las consecuencias que
están teniendo en los procesos migratorios desde el
continente africano.
Pese a los resultados que, en términos numéricos, ofrece
esta política de control de la inmigración, la APDHA destaca
que “es esencial que recordemos que esos procesos de
externalización y creciente militarización de las fronteras
africanas están provocando graves sufrimientos y violaciones
de derechos en las mismas” y reclama el respeto a los
Derechos Humanos “en todo momento y lugar, por supuesto
también en las fronteras, no puede dejar de cumplirse
utilizando la excusa de los controles migratorios”, incluido
el artículo 13.2 de la Declaración Universal que establece
como tal “el derecho a salir y regresar al propio país”.
Durante el ejercicio pasado la asociación andaluza documentó
en el sur de España la muerte o desaparición de 206
inmigrantes, cuatro de ellas en Ceuta y sus alrededores,
cuando intentaban ejercer tal derecho, casi un tercio de las
cifras de 2008 (cuando se documentaron 581 muertes o
desapariciones por parte de la APDHA en su área de
influencia). “Tenemos que aliviarnos con el importante
descenso que se ha producido este año en el número de
personas que han perdido la vida o desaparecido”, reconoce
el texto, coordinador por Rafael Lara, “pero no llegamos a
alegrarnos siquiera pues aún se trata de cifras
escalofriantes que además no incluyen a tantas y tantas
personas cuya muerte o desaparición no hemos podido
comprobar, que debieran ser insoportables para un Estado de
Derecho”.
Los casos con resultado funesto documentados registrados en
Ceuta datan del seis de marzo del año pasado, cuando un
subsahariano murió al intentar entrar en la ciudad y una
patrulla de la Guardia civil descubrió su cadáver en la zona
más próxima al pueblo marroquí de Beliones; del 23 de abril,
jornada en la que un barco turístico se topó con cuerpos de
dos africanos subsaharianos.
El 12 de agosto el conductor de un camión que llegó al
puerto de Algeciras en la noche después de desembarcar de
Ceuta encontró en el interior de su vehículo a un inmigrante
fallecido. Relató más tarde a la Guardia Civil que escuchó
unos ruidos que procedían de la zona trasera mientras
conducía. Se bajó, abrió la puerta y vio sorprendido cómo
dos inmigrantes saltaban hacia el exterior y huían. Después
se asomó al interior y vio a otro inmigrante que no se
movía.
El 19 de septiembre una patera que se dirigía hacia las
costas gaditanas con unos 40 inmigrantes subsaharianos
naufragó por motivos no establecidos en la zona del peñón
del Perejil.
Cambio de perspectiva
Como todos los años, el informe ‘Derechos Humanos en la
Frontera Sur’, disponible en su versión integra en la web de
la APDHA, incluye un exhaustivo análisis sobre la evolución
de los flujos migratorios y sus consecuencias en el área del
Estrecho, así como sobre la política migratoria española,
pero este año abre sus páginas para recoger algunas visiones
del fenómeno migratorio desde el Sur, a través de las
palabras de destacados dirigentes de la sociedad civil de
algunos de los países africanos “en los que el fenómeno de
la emigración, propia y en tránsito, ha adquirido relevancia
en los últimos años”.
Entre esas voces se cuentan las del presidente de la
Asociación de los Refugiados Sin Fronteras de Camerún,
Daniel Moundzego; la del profesor del Instituto Nacional de
Estadística de Economía Aplicada (INSEA) Rabat e impulsor de
la Universidad Abierta ‘’Migración, derechos humanos y
desarrollo’, Mehdi Lahlou; o la de la ex Ministra de Cultura
de Malí, Aminata Traoré, una de las más destacadas
militantes africanas del movimiento altermundialista, que da
cuenta de las oleadas de repulsa e indignación que generaron
en Mali los acontecimientos que tuvieron lugar en las vallas
de Ceuta y Melilla en 2005.
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